Piden a la JEP investigar crímenes del paramilitarismo en universidades
En un comunicado, las víctimas y organizaciones de derechos humanos solicitaron la apertura de un macrocaso a la JEP luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso.
Luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, durante la Audiencia Única de Aporte a la Verdad que realizó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revelara que las AUC cometieron crímenes en universidades del país, en especial en la región Caribe, algunas organizaciones y víctimas solicitaron que se abriera un macrocaso para que se investigara la infiltración del conflicto armado en los centros de educación superior.
La asociación Jorge Freytter Romero y algunas familias víctimas de paramilitarismo, como la del profesor Alfredo Correa de Andréis, le solicitaron a la JEP abrir un caso exclusivo para que se investigue la infiltración y victimización de grupos armados en las universidades.
“Mancuso afirmó que se asesinaron a varios estudiantes como parte de este modelo de estigmatización. Estas declaraciones arrojan luz sobre la complicidad y participación de las Fuerzas Militares y la Policía en colaboración con los paramilitares en estos crímenes. Es crucial destacar que las víctimas eran líderes y lideresas estudiantiles, trabajadores y trabajadoras, y profesorados críticos contra las directivas universitarias, especialmente aquellos que denunciaban casos de corrupción y desvío de fondos. La universidad se convirtió en un escenario utilizado para encubrir estas prácticas corrupta”, se lee en el documento.
En la misiva firmada también por Redepaz, la Fundación Lazos de Dignidad, defensores de derechos humanos como Norma Vera Salazar, entre otros, aseguran que Mancuso “brindó declaraciones que revelan la estigmatización y persecución sistemática a estudiantes en varias universidades, incluyendo la Universidad de Atlántico, del Cesar, la del Magdalena. Según Mancuso, en todas estas instituciones, las fuerzas paramilitares tuvieron responsabilidad y vínculos con los crímenes cometidos”.
Y agregan que “estos crímenes atroces no pueden considerarse como casos aislados. Las declaraciones de Mancuso señalan la existencia de un patrón de estigmatización y persecución en múltiples instituciones educativas de Educación Superior, donde las fuerzas estatales y los paramilitares trabajaban conjuntamente”.
En el documento, también le solicitaron a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación envíen los informes de su accionar a la JEP frente a las denuncias que recibieron de las víctimas que lograron sobrevivir a los crímenes cometidos por los grupos armados en los centros universitarios.
“No debemos permitir que la impunidad prevalezca y que estos actos de violencia queden impunes” sentenciaron.
