Nueva ruta de sometimiento a integrantes de grupos armados
El comisionado de paz, Miguel Ceballos, presentó este miércoles el decreto para la entrega de las disidencias y el Clan del Golfo.
El comisionado de paz, Miguel Ceballos, informó este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 965 del 7 de julio de 2020, que crea una nueva ruta de sometimiento Individual a la Justicia de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO).
“A partir de hoy todos los integrantes de los GAO tienen una nueva ruta de tránsito a la legalidad que comprende beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas”, indicó el funcionario.
Con la normativa, los integrantes de los GAO de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros podrán recibir dichos beneficios.
“La ruta para el GAO, Ejército de Liberación Nacional, seguirá siendo la establecida en el Decreto 128 de 2003, compilado en el Decreto 1081 de 2015, por medio de la cual los miembros del ELN podrán seguir optando por la desmovilización individual”, advirtió Ceballos.
Según el Ejecutivo, con esta nueva ruta “se busca continuar en la acción por desmantelar los Grupos Armados Organizados para buscar una paz completa y garantizar la seguridad y defensa nacional”.
El objeto, sostiene el comunicado de la oficina del comisionado, es brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, fortaleciendo el accionar de la justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública, con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente por los GAO.
“El Decreto incluye de manera integral los derechos de las víctimas previstos en el procedimiento penal en Colombia, haciendo especial énfasis, en el derecho a conocer la verdad”, se lee.
La norma no solamente busca beneficiar a los miembros de los GAO que opten por la ruta de retorno a la legalidad sino también, enfatiza en los beneficios socioeconómicos de su núcleo familiar, indica el Gobierno.
Concluye el comisionado que el Ejecutivo podrá disponer de “condiciones especiales de reclusión” para quienes habiéndose acogido al Decreto deban estar privados de la libertad.
