Lo que encontró la Contraloría en la vía Ocaña-Gamarra
El ente de control fiscal, en una auditoría en 2016 a la ANI, conocida por este diario, le puso la lupa a la Ruta del Sol II y a la adición Ocaña-Gamarra, donde se centraron los sobornos de Odebrecht.
En una auditoría que reveló la Contraloría General de la República y que tuvo por objeto hacer control fiscal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante 2016, la entidad halló en la Ruta del Sol II, a la que se le adicionó la vía Ocaña-Gamarra, asuntos penales, disciplinarios y fiscales por 4.729 millones de pesos. Entre estos se encuentran dos hallazgos penales por presunta ilegalidad de los otrosís 3 y 6 del contrato de concesión vinculado con el escándalo de Odebrecht.
El ente de control señala el hecho de que el otrosí número 6 (el de Ocaña-Gamarra) fue suscrito siete meses antes del Confis y el Conpes, es decir, sin autorización y sin disponibilidad presupuestal. Agrega el ente que a pesar de no tener relación con el objeto inicial, fue tratado como una adición, adjudicado de manera directa y sin licitación pública.
El informe de auditoría de 158 páginas y fechado el 31 de agosto del año pasado, conocido por este diario, fue enviado al ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, hoy cuestionado penalmente por el escándalo de los sobornos de Odebrecht de que fueron víctimas tanto la Ruta del Sol II como la vía Ocaña-Gamarra, y es suscrito por Julián Polanía, contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
El estado actual
El ente de control fiscal advierte que la Ruta del Sol, proyecto vial que tiene por objeto unir al Caribe con el interior a través de sus 1.071 kilómetros, tenía con corte a agosto un avance del 51,9%.
Y a finales de octubre pasado, en medio del control asumido nuevamente por el Ministerio de Transporte de las obras de la Ruta del Sol II, el titular de la cartera, Germán Cardona, reportó un avance del 52,7%, concretamente en ese tramo 2, que va de Puerto Salgar, Cundinamarca, a San Roque, en Curumaní, Cesar, y que mide 530 kilómetros.
En la actualidad, el contrato se encuentra en liquidación, y la ANI, de mayo de 2011 a diciembre de 2016, ha desembolsado por concepto de vigencias futuras 2,65 billones de pesos, y se han realizado pagos por 1,24 billones de pesos. De otro lado, a diciembre de 2016, presentaba un saldo disponible de 1,61 billones de pesos provenientes de las vigencias futuras de 2014 a 2016.
Se firmó sin disponibilidad
Según la Contraloría, mediante el otrosí número 6 (Ocaña-Gamarra) se modificó el objeto, valor o monto de la contraprestación, plazo y cupos anuales de vigencias futuras, sin obtener previamente las autorizaciones legales correspondientes y sin contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, “omitiendo así requisitos legales esenciales para el efectivo trámite del otrosí, y vulnerando presuntamente lo establecido en los principios previstos en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y en otras normas referentes a la contratación estatal”.
Precisa el informe al respecto, que las autorizaciones otorgadas por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, que afecten vigencias futuras deberán respetar las condiciones sobre las cuales se otorgaron, en el caso que con posterioridad, la entidad requiere modificar el objeto o el monto de la contraprestación, deberá adelantar ante el Confis una nueva autorización de vigencias futuras.
Sin embargo, en este caso el otrosí número 6 se suscribió el 14 de marzo de 2014 y la aprobación del Confis no se dio sino hasta el 5 de junio de 2014 y fue comunicada el 5 de noviembre de 2014, es decir, ocho meses después de su firma.
Así mismo, los lineamientos para la contratación fueron dispuestos por el Conpes 3817 del 2 de octubre de 2014, es decir, siete meses después del otrosí número 6, “desconociendo que toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública requerirá concepto previo favorable del Conpes”.
Este asunto, de acuerdo con el ente de control fiscal, puede generar una presunta falta disciplinaria y penal.
La contratación fue directa
La Contraloría ve reparos con presunta incidencia penal y disciplinaria en el hecho de que los estudios y las obras contenidas en los otrosí número 3 -suscrito el 15 de julio de 2013 para adicionar el contrato de estudios y diseños del tramo Aguaclara-Gamarra-Puerto Capulco- y número 6 -el de Ocaña-Gamarra- fueron adjudicados de manera directa y no a través de un nuevo proceso de selección pública, “desconociendo que las mismas no tenían relación directa y necesaria con el objeto inicial, pues no se requerían para lograr su finalidad y no se referían al mismo corredor vial, situación que hacía inviable la suscripción de los otrosís”.
Pone de presente la auditoría en este aparte que lo único que tienen en común la transversal adicionada a través del otrosí número 6, frente a la troncal concesionada, es la intersección Aguaclara.
Por ello, el ente de control cita al Consejo de Estado en el concepto 2149 de 2013, que indica: “Las obras que no guardan una relación directa y necesaria con el objeto del contrato no pueden acordarse ni ejecutarse válidamente como una adición al respectivo contrato de concesión, aunque se realicen dentro de los límites espaciales o geográficos del mismo corredor vial”.
Y es que en el informe se advierte que aunque la contratación directa debe ser la excepción en lo público, y que siempre se aconseja por la ley la licitación pública, la ANI el año pasado celebró el 89% de la contratación de manera directa.
Peaje Gamarra debió terminarse hace un año
Se lee en el reporte que los costos de operación del Peaje Gamarra por construcción y entrada en operación tardía, generaron un presunto daño patrimonial por 3.040 millones de pesos.
Lo anterior se dio porque según el plan de obras aprobado por la ANI el 6 de noviembre de 2015, la construcción de la estación Peaje Gamarra debía estar terminada en noviembre de 2016 y entrar en operación provisional el 4 de septiembre de 2015, sin embargo la construcción del peaje no se ejecutó en la fecha establecida y únicamente entró en operación provisional a partir del 15 de abril de 2016.
Supervisión aérea que no se hizo
En el contrato de concesión se estableció la obligación al concesionario de fondear anualmente 1.000 millones de pesos desde 2010 hasta que se acabara la obra. Esta obligación fue considerada desde 2015 por el ente de control fiscal como “onerosa”, ya que nunca se utilizaron dichos recursos para la supervisión aérea, generando excedentes de liquidez que posteriormente han sido utilizados para fondear la nueva subcuenta de Estudios y Obras.
No obstante, pone de presente la Contraloría, lo anterior siguió presentándose durante 2015 y 2016, generando un presunto detrimento de 1.338 millones de pesos, valor que corresponde al costo financiero que se le remuneró al concesionario.
