CEJ exige a Petro no descalificar la Rama Judicial

Esto "a raíz de los reiterados pronunciamientos del Gobierno central y en particular del jefe del Estado, tendientes a emplear términos inconducentes y acelerados frente al ejercicio de la función judicial y a sus determinaciones".

En una democracia, agrega, lo deseable es "abstenerse de emplear expresiones que estigmaticen tal función o que, de manera injustificada, la haga ver como una ramplona organización dedicada a la persecución. Lo anterior tiene cabida teniendo en cuenta las varias declaraciones entregadas en las últimas semanas por el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, frente a distintas determinaciones judiciales, en particular, criticando la suspensión del Consejo de Estado del decreto que le otorgaba facultades para asumir el control temporal de regulación de los servicios públicos, la determinación de la Corte Constitucional en torno a que la Procuraduría General de la Nación sí tenía la competencia para investigar y sancionar  disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular y con relación a la negativa de conceder la libertad a los integrantes de la llamada primera línea previamente judicializados".

Por ello, el centro de pensamiento hizo "un contundente llamado para que se respeten los fallos judiciales en todos sus niveles y jurisdicciones, y que si se va a disentir de ellos se haga en términos respetuosos y no dando lugar a suspicacias o presunciones de sesgos, recordando que el control de legalidad de los actos del Ejecutivo y los del Congreso constituyen garantía máxima a la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, pilares evidentemente fundamentales de toda democracia en aras de mantener la armonía institucional y la cohesión institucional entre las ramas del poder público".

Y advierte que "ante la evidencia de cualquier agresión, hostigamiento o acoso de la Rama Judicial, acudirá a los organismos internacionales, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— y a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas —ONU—, a fin de que proteja el baluarte democrático que representa la independencia y la autonomía judicial".