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Colombia

A la cárcel 'Manolo', presunto abusador de varios niños en jardín de Medellín

Ismael Darío Lopera, de 53 años, era auxiliar de nutrición en una guardería cuando al parecer agredió sexualmente al menos de seis menores.

El envío a la cárcel en las últimas horas de Ismael Darío Lopera Tangarife, alias Manolo, de 53 años, señalado de abusar de una veintena de niños de un jardín infantil en Medellín, pareciera devolver algo de justicia para las víctimas y la ciudadanía en general.

Sin embargo, el atroz caso revela que aún están desajustados una serie de procesos que deberían ser certeros y expeditos para asegurar que estos hechos no se repitan y que sean sancionados prontamente y de manera ejemplar: la información veraz en los procedimientos policiales, la rápida acción de las autoridades judiciales y administrativas y, por supuesto, los controles rigurosos en todas aquellas entidades cuya población objeto sean los menores de edad. 

A Lopera Tangarife lo puso tras las rejas el Juzgado 15 Penal de Control de Garantías de Medellín. La Fiscalía afirmó al respecto en un comunicado que desde el momento en el que recibió la primera denuncia por parte de uno de los padres de una de las víctimas dispuso de un equipo interdisciplinario con enfoque diferencial y de género para esclarecer lo ocurrido. Este grupo estuvo conformado por cinco fiscales, psicólogos, médicos forenses e investigadores del CTI y la Policía Nacional.

Las pruebas, agregó, permitieron conocer que “el procesado presuntamente aprovechó su rol como auxiliar de nutrición en un jardín infantil para agredir sexualmente a los menores de edad”.

Advirtió en este sentido el ente de investigación penal que pudo “constatar que al menos seis menores de edad habrían sido víctimas” de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y actos sexuales con menor de 14 años agravado que fueron imputados a Lopera Tangarife.

Estos cargos no fueron aceptados por el sujeto, quien se entregó el pasado jueves en Santa Rosa de Osos (Antioquia).

El caso se destapó la semana pasada cuando varias madres denunciaron abusos y tocamientos a sus hijos en el centro de primera infancia Pequeños Exploradores, de Medellín, gestionado por la Alcaldía de esta ciudad, y cofinanciado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

 

Las denuncias han ido en aumento y pasaron de 14 los menores que supuestamente habrían sido abusados a 21, que apuntaban hacia alias Manolo, que trabajaba en el servicio de comedor y alimentación del centro.

Las familias se han quejado, además, de que tanto la dirección del colegio como las autoridades han tardado mucho en actuar, debido a que dieron la voz de alarma a mediados del mes pasado, y no fue sino hasta esta semana que se consiguió detener al presunto responsable.

Las críticas por la lenta actuación de la Fiscalía y la Justicia vienen también porque desde que se hizo público el caso, el juez tardó cinco días en emitir una orden de captura, y así mismo hubo retrasos por parte de las autoridades locales, confirmadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para poner en marcha el llamado Código Fucsia, que activase la atención y la denuncia de los abusos.

Otra de las polémicas surgidas en este caso se dio porque la Policía había afirmado que Lopera había sido capturado y no que se había entregado. Por esto, el general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y el jefe de la seccional de la Sijín, el teniente coronel Jair Morales, fueron separados de sus cargos.

De igual modo, se inició una investigación, pues un video da cuenta de que el hombre se entregó en Santa Rosa de Osos, acompañado por su abogado, “situación que no concuerda con el informe entregado por el jefe de la Sijín”, manifestó Ruiz.

El alcalde Quintero comentó en este sentido: “Celebramos que Lopera esté hoy tras las rejas acusado por los delitos de acceso carnal abusivo. Sin embargo, hemos sido informados de que se trató de una entrega y no de una captura. Policía ha anunciado correctivos por la información suministrada”.

Entre tanto, a pesar de que las denuncias ascienden a 21, la Fiscalía asegura que tiene pruebas de que “por lo menos, seis menores de edad habrían sido abusados”.

El centro infantil, situado en el barrio Santa Cruz, en donde son atendidos 72 niños y niñas, fue cerrado temporalmente y los beneficiarios “seguirán recibiendo atención mediante el modelo de acompañamiento en casa”.

El ICBF contabilizó en 2020 11.665 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en Colombia.

En medio de este drama, el presidente Iván Duque sancionó el pasado martes la ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad, que fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.

Esta ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Penitenciario y Carcelario, para considerar la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en que el niño, niña o adolescente sea víctima de “homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia”.

“Debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente”, aseveró Duque durante la sanción de la ley y aseguró que “hoy estamos marcando un hito en nuestro país”.

A su vez, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pidió al momento de la captura “denunciar cualquier tipo de delito en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestro país”, y advirtió: “No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los niños, no permitiremos más garavitos en Colombia”.

¿Le aplicaría la cadena perpetua?

El representante a la Cámara César Loduy, del Partido Cambio Radical, ponente de la ley que dicta cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país, le dijo a EL HERALDO que la Ley 2098, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal o Ley 599 de 2000, el Código de Procedimiento Penal o Ley 906 de 2004, el Código Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993 y se dictan otras disposiciones, también conocida como la Ley Gilma Jiménez, fue promulgada el 6 de julio de 2021, y en concordancia con el artículo 28 de la misma, esa ley “rige desde su promulgación”.

Además, señaló, “de acuerdo con lo que se ha conocido a través de un comunicado de la Fiscalía y los medios de comunicación, los hechos con los que supuestamente está relacionado Lopera ocurrieron el 28 de junio de 2021”. Por ello, concluye el impulsor de la norma, “no existe la más mínima posibilidad de que una ley de carácter penal, promulgada en julio 6 de 2021, se pueda aplicar a hechos que ocurrieron el 28 de junio de 2021. Como diría alguno, se salvó de la prisión perpetua por un pelo”.

La otra aclaración, indicó, “es que efectivamente la ley penal en virtud del principio de favorabilidad puede aplicar tanto de manera retroactiva para regular situaciones ocurridas antes de su vigencia, como de manera ultractiva, para regular situaciones después de su derogatoria, pero solo y únicamente para garantizar al procesado, o al condenado, la aplicación de la ley penal más favorable”.

En este sentido, agregó el legislador de la Cámara de Representantes: “A todas luces y con base en todo lo anterior, se concluye que es imposible que la Ley 2098 de julio 6 de 2021, por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua, pueda ser aplicada a hechos que ocurrieron el 28 de junio de 2021, pero además porque la misma en ningún sentido le sería favorable al imputado Ismael Darío Lopera Tangarife, conocido como Manolo”.

La denuncia del ICBF por demoras en el caso

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, denunció que la Alcaldía de Medellín se demoró más de una semana para activar el denominado Código Fucsia o la notificación a la entidad rectora de las políticas de infancia del país luego de conocer la primera denuncia por posible abuso sexual contra los menores de edad del jardín infantil del barrio Santa Cruz, situado en la Comuna 2 de la capital antioqueña.

De acuerdo con Arbeláez, el jardín “es un hogar de la Alcaldía de Medellín, y la Alcaldía debe tener total control de los jardines infantiles y la prestación de los servicios de primera instancia en la ciudad. Claramente hubo una demora en la activación del Código Fucsia, la cual se está investigando”. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció que una vez se conocieron las denuncias se alertó a la Fiscalía, pero no al ICBF. Sumado a esto, la madre del primer menor que denunció los abusos sexuales manifestó que al pedirle explicaciones a Coomulsap, operadora encargada de la administración del centro infantil, recibió un trato negligente y ofensivo.

Por ello, el mandatario de la capital antioqueña anunció en un comunicado que se iniciaría un proceso sancionatorio contra la empresa, ya que fue “evidente que hubo negligencia por parte del operador. Si una persona viola, e incluso dormía en el lugar, hay negligencia por todas partes, pero además tiene orden de captura esta persona, y no hubo verificación por parte de la fundación”.

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