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Colombia

¿Glifosato o sustitución frente a los cultivos de coca en el país?

EL HERALDO consultó al respecto a un líder campesino cocalero, a la Consejería para la Estabilización y a un experto en seguridad.

Tras la intención del Gobierno de retornar al glifosato para disminuir los cultivos ilícitos en el país, que es un asunto sobre el que presionan permanentemente los EE. UU, subyace el dilema que enfrentan los campesinos cocaleros de, dicen, dejar de sembrar coca, que es un producto fácil de vender y de transportar, o dar una especie de salto al vacío con otros productos que, afirman, ni costean el transporte que les toca asumir de los bultos hasta las cabeceras municipales, en zonas apartadas que no tienen vías, presencia estatal ni el apoyo que reclaman para la sustitución.

Así lo afirma el campesino del sur de Córdoba y vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, Arnobi Zapata, quien en diálogo con EL HERALDO asegura que la Corte Constitucional dispuso como condición para el regreso al herbicida “un orden jerárquico”.

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Alfo que no es sino “el mismo del que se habla en el acuerdo de paz, en el que primero el Gobierno debe  ofrecer a las comunidades la sustitución voluntaria de los cultivos a través del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), pero este gobierno no ha ofertado el PNIS en ninguna parte y desde que llegó eliminó el programa de sustitución de su estrategia para erradicar cultivos de coca. Lo que hizo fue seguir implementando lo que el gobierno pasado había dejado, pero no ha inscrito una sola familia en el PNIS”.

Por su parte, la Consejería Presidencial para la Estabilización indicó a EL HERALDO que el Gobierno “cumple cabalmente el PNIS” y que en este momento “las 99.097 familias vinculadas al PNIS están recibiendo toda la atención financiera y técnica para la implementación de sus proyectos productivos”.

Agrega la entidad que el gobierno de Iván Duque “ha invertido $ 946 mil millones” y que “las familias vinculadas están recibiendo asistencia alimentaria inmediata, asistencia técnica, proyectos productivos con huertas caseras, proyectos productivos de ciclo corto y largo, y asistencia a familias antiguamente recolectoras”.

A su vez, el coronel (r) José Espejo, experto en seguridad, comentó en EL HERALDO que no se trata de que el PNIS sea bueno o malo “sino de qué tan efectivo es en términos de monetización, porque siempre será más rentable en estas zonas periféricas cultivar coca que yuca, papa o maíz, porque no necesita abono, no necesita créditos, no requiere que el tiempo actúe para beneficio de la cosecha, porque la coca se da silvestre”.

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Esto se explica, añade el oficial retirado, en que “si haces una erradicación manual o aérea, al kilómetro siguiente mueves tu parcela y nace silvestre la coca, y fuera de eso es un producto demasiado rentable”.

La poca presencia del Estado

Advierte el vocero del COCCAM que en este momento la única presencia del Estado en las áreas de cultivos “es el Ejército. De resto estas zonas están en abandono”.

Señala Zapata que cuando se inició la implementación del acuerdo de paz “había una presencia que nosotros mismos aceptamos, pero en este momento esa confianza se perdió, porque el Gobierno volvió a incumplir a los campesinos”.

Y asegura el campesino así mismo que el Estado, cada vez que llega, “es a presionar, a maltratar; la Fiscalía llega a capturar a los campesinos, el Gobierno llega a fumigar o a erradicar, pero no hay una presencia estable del Estado y eso causa desconfianza y que nos apartemos de las políticas del Estado”.

Por su parte, el coronel (r) Espejo indica que los cultivos de coca “no están en los campos de Boyacá: están en esas zonas donde la presencia del Estado es mínima, y donde a veces hay solo policías y soldados. Por eso vemos esos grandes cultivos en el litoral Pacífico, en Putumayo, Norte de Santander”.

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Allí, dice, el analista de seguridad, para la banda criminal es sencillo llegar a negociar con el campesino, “porque le dan el dinero y le dicen o cultiva o cultiva, y el campesino de alguna forma debe sobrevivir”.

Y coincide de alguna manera el otrora oficial militar con Zapata en que “nuestra política antidrogas tiene una mirada muy policiva, descargando la responsabilidad en la represión del fenómeno y no en la construcción de un modelo integral del Estado”.

Lo que resta para volver al glifosato

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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó en Barranquilla lo que resta para la implementación definitiva de la aspersión aérea con glifosato en el país, luego de que el Gobierno expidiera el decreto que regula el tema y de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, modificara su Plan de Manejo Ambiental, PMA, para retomar la polémica práctica. 

Así las cosas, lo que resta es que la agencia ambiental y el Instituto Nacional de Salud, INS, certifiquen el procedimiento y que los ministerios de Salud y Ambiente también hagan sus modificaciones en este sentido.

Esos trámites, dijo el jefe de la cartera del derecho, permitirán evidenciar los impactos ambientales y de salud de la medida de erradicación.

Luego de superados estos trámites, se convocará a todos los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, para tomar la decisión definitiva sobre el regreso de la aspersión con el herbicida.

La Anla incluyó en su Plan de Manejo Ambiental, por solicitud de la Policía, una serie de medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que “en caso de que se reanude la actividad, se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos”.

Estas fumigaciones de los cultivos de coca con el controvertido glifosato fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medio ambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su momento.

“La coca la sacan en una bolsa de 6 kilos que no paga flete”

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Zapata describe la disyuntiva del campesino en zonas apartadas a la hora de decidirse por cultivar coca.

“Se sigue cultivando porque no se han generado alternativas. Si se hubiese seguido con la reforma rural y el PNIS el campesino no vuelve a sembrar coca, porque el más perjudicado con los cultivos de coca es el campesino: lo hace obligado. Los campesinos seguimos cultivando arroz, yuca, maíz, pero no sirven para generar un ingreso económico, porque la mayoría de los campesinos que cultivan coca viven a cuatro y cinco horas de camino a pie de la zona urbana”.

(...) No hay vías, no hay una comercialización efectiva. Si se saca un bulto de arroz al pueblo sale más cara la ‘mula’, que cuesta alrededor de $ 100 mil, y ese carga no le va a costar siquiera lo que vale el flete. Los campesinos cultivan para su consumo, para la soberanía alimentaria”.

“De una hectárea de maíz si sacan 30 bultos son alrededor de 15 cargas y tienen que ver si alguien se las compra, y en todo eso se gastarían más plata de la que ya han invertido. En cambio, si cultivan una hectárea de coca pueden coger alrededor de 200 o 300 arrobas de hoja, eso viene quedando en 5 o 6 kilos, y esos 6 kilos los pueden echar en una bolsa e ir a venderlos sin tener que pagar flete”, señala el vocero campesino.

Según las Naciones Unidas y la Fundación Ideas para la Paz, en 2019 el cultivador de coca tenía un ingreso promedio mensual por hectárea de $ 410.541.

De otro lado, Espejo pone de presente que en torno a los cultivos de coca y la producción de cocaína hay varios ‘empleos’ que se mueven.

“El tema es que el cultivo de coca no solo genera una economía en torno al campesino, sino mano de obra trashumante: los de los químicos, la gasolina, las motobombas, la misma gente que hace el montaje del laboratorio. Frente a todo esto hay toda una economía circular”, explica.

Y agrega que “además, los costos en vidas humanas nadie los analiza, porque los policías y soldados son los que pagan los platos rotos”, incluyendo, dice, “los enfrentamientos con los campesinos, porque les toca hasta dejarse quitar las armas”.

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