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Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación.
César Bolívar
Colombia

“Esta emergencia no puede ser la feria de los corruptos”: Fernando Carrillo Flórez

Pide a ciudadanos asumir responsablemente el aislamiento obligatorio, pero si no se acata, propone a las autoridades considerar la militarización de ciudades. 

Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación, bogotano, abogado y socieconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, ex ministro de Justicia y del Interior, ex embajador de Colombia en España y ex director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reclama pruebas confiables y rápidas al considerar que son, con el aislamiento social y el fortalecimiento del sistema de salud, el elemento fundamental para poder tomar decisiones de salud pública basadas en la realidad y no en números que dice “no son los datos reales de lo que está pasando en Colombia en la pandemia del coronavirus”.

P.

¿Cómo la Procuraduría ejercerá control sobre la contratación de los recursos públicos durante la emergencia por la COVID-19?

R.

La Procuraduría puso en marcha con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación un equipo de trabajo conjunto para darles tranquilidad a los colombianos en relación con la vigilancia de los dineros públicos porque esta no puede ser la feria de los corruptos que tradicionalmente se quedan con esos recursos. Vamos a ir examinando con base en las denuncias ciudadanas que se podrán hacer en una plataforma que estará disponible tanto en la Procuraduría como en la Contraloría, y en los casos extremos se involucrará con investigaciones penales a quienes incurran en esos desafueros.

Ya se han recibido denuncias desde distintos sitios del país de funcionarios que, aprovechando que se han flexibilizado las condiciones de contratación, creen que pueden estar de fiesta con los recursos públicos. Eso hay que detenerlo. Es una infamia que, en un momento en el que el país está atravesando una crisis de recursos, piensen que se pueden confabular para robar y para quedarse con los recursos públicos.

P.

¿Cuándo se conocerán los primeros resultados de estos seguimientos?

R.

Semanalmente daremos a conocer los resultados de este trabajo de los entes de control. Por ejemplo, hemos recibido en las últimas horas denuncias ciudadanas sobre contratos en Soledad y Malambo en el Atlántico y estamos ya iniciando indagaciones. Es imperdonable lo que está pasando y no se puede permitir. Aprovecharse de este momento para enriquecerse personalmente merece toda la condena de la ciudadanía.

Así que con toda la fuerza preventiva que tiene la Procuraduría y las nuevas facultades de la Contraloría vamos a dar resultados muy pronto. Que sepan los corruptos que vamos a estarlos vigilando y que de aquí en adelante no vamos a permitir que se juegue con los recursos de los ciudadanos cuando más los necesitan los más vulnerables, los que van a quedar sin empleo, los trabajadores informales y además, porque son recursos que se requieren para fortalecer el sistema de salud que lamentablemente es débil para enfrentar la magnitud de la actual pandemia.

P.

¿Cómo evalúa la respuesta del sistema de salud frente a la crisis?

R.

Hay que saber focalizar los recursos del sector salud y destinarlos a quien sepa negociar internacionalmente los insumos médicos que necesitamos. La Procuraduría está vigilante y ha puesto el dedo en la llaga porque tanto Italia como España fueron víctimas de estafadores internacionales a la hora de adquirir las pruebas diagnósticas que son fundamentales.

En Colombia, hasta el día de hoy, hemos hecho muy pocas pruebas diagnósticas y no podemos dejar que siga pasando el tiempo sin tener los números reales porque para tomar decisiones de Estado se necesitan cifras y el ministro de Salud está manejando datos de hace una semana y eso es complicadísimo. No sabemos con certeza si los datos de hoy son cifras reales, seguramente hay muchos más contagios porque hemos hecho muy pocas pruebas. Hay que hacer miles de pruebas como Corea del Sur para determinar cómo ajustar las políticas porque las decisiones se toman con datos y se necesita fortalecer el sistema de salud.

P.

¿Cuál es su preocupación frente al sistema de salud?

R.

En las ciudades capitales algo tenemos para afrontar la pandemia, pero no es así en la otra Colombia, en los territorios o en las ciudades intermedias. En el Pacífico, por ejemplo en el Chocó prácticamente no hay camas de cuidados intensivos ni respiradores. Fortalecer el sistema de salud de estas regiones tiene que ser una acción que debe coordinar el nivel nacional con los niveles territoriales bajo el liderazgo del poder Ejecutivo para acertar y no cometer los errores que cometieron otros.

P.

¿Qué está pasando con las pruebas diagnósticas, se están haciendo bien o no?

R.

Lo que acaba de decir la directora del Instituto Nacional de Salud es lo mismo que la Procuraduría había denunciado hace una semana en la ciudad de Cartagena con el embalaje de las primeras pruebas de coronavirus que le hicimos saber al Ministerio de Salud. Hay que acabar con esa desorientación ahora que se está aprobando una serie de laboratorios que realizarán pruebas, pero no se gana nada teniendo más laboratorios ni comprando más pruebas en el exterior si no se capacita a las personas que tienen que recogerlas, embalarlas y rotularlas bien.

Hay que ser absolutamente rigurosos y esta es una labor de las secretarías de salud departamentales con el agravante adicional que se están demorando mucho en hacerlo. No sólo tenemos cifras de hace una semana, si no que se están tardando de 7 a 10 días para entregarle los resultados a la gente y eso no puede ser así porque la única forma de contener las redes de contagio es que haya pruebas reales y cifras confiables que le permitan a las autoridades tomar decisiones.

P.

¿Cree que se está cumpliendo el aislamiento social preventivo?

R.

Quiero ser contundente en este asunto. Es una gran irresponsabilidad lo que está pasando en muchas ciudades, incluso en la propia Barranquilla, donde la gente no se concientiza que está jugando con la vida de los demás. Yo los invito a que miren los cerca de mil muertos por día que hay en España o en lo que está pasando en Nueva York por negligencia de la gente. Los ciudadanos creen que esto no es con ellos, los jóvenes piensan que no se enferman y resulta que son los principales transmisores. Jóvenes que por su irresponsabilidad se están llevando la vida de sus padres, de sus abuelos y hasta de niños que ya empezaron a caer por este virus letal que está golpeando al mundo.

Seamos serios. Esto es un asunto de vida o muerte por duro que suene. La gente se queda en la casa o se expone a que sigan las redes de contagio.

P.

¿Cuál es la salida, militarizar las ciudades donde la gente no acata la medida?

R.

Uno siempre confía en el buen criterio de la gente y lo que fueron recomendaciones iniciales se convierten en obligaciones y deberes, no sólo de solidaridad, que tienen que asumir los ciudadanos para preservar la vida de los demás. Hay decisiones que son de carácter nacional, pero hay municipios de Cundinamarca donde ya se acudió a la alternativa de la militarización por la indisciplina de las personas. En estas épocas de crisis no se debe permitir que los instintos autoritarios de muchos se apoderen de las calles, pero cuando la gente no respeta las normas, cuando se les ha dicho de todas la formas que tienen que estar en sus casas, la última fase frente a la desobediencia y el incumplimiento tiene que ser la militarización de determinados municipios o de las ciudades.

Sabemos que hay una bomba social en relación con una cantidad de colectivos vulnerables, pero para eso el Gobierno ya ha diseñado unos canales de ayuda que yo espero que funcionen. Adicionalmente los alcaldes también tienen responsabilidad en ofrecer asistencia a esas personas y la Procuraduría va a estar vigilante para que esas ayudas en dinero o en alimentos realmente lleguen a los más necesitados.

P.

¿Sabe si algún tipo de ayuda está siendo utilizada con fines políticos?

R.

Eso es lo más miserable de todo, que se utilicen las herramientas sociales que son del Estado y de todos los colombianos para favorecer intereses políticos de determinados grupos. Eso lo tiene que rechazar la ciudadanía y cuando se haga el balance definitivo de lo que ha venido sucediendo, de cómo se manejó la crisis, la opinión pública tendrá que condenar a aquellos que pretendieron sacar beneficio o utilidad personal de una tragedia tan grande como esta.

P.

Hay un colectivo especialmente vulnerable en esta crisis, los migrantes venezolanos. ¿Qué han detectado frente al apoyo que están recibiendo en estos momentos?

R.

Hay que rechazar la xenofobia que puede ser el recurso al que están acudiendo muchos hoy que los están culpando de lo que está sucediendo. Eso no se puede permitir. Esta es una realidad social que se debe aprender a manejar. Además, hay que incluirlos dentro de las ayudas que se están entregando. No se les puede dejar morir en las calles, por decir algo extremo y que resulta muy duro. Esa no puede ser la línea que en materia de política social tome un alcalde o el Gobierno nacional.

Los gobiernos locales también deben tener claridad para que sus políticas sociales cubran las necesidades básicas de los migrantes. Se requiere una acción global internacional para que colectivamente los líderes de la región y del mundo definan qué se va a hacer. Esto no se trata de sálvese quien pueda, cada uno dentro de sus fronteras y cerrándolas porque este un problema global. Los organismos financieros de crédito, por ejemplo, deberían abrir líneas para ayudar a Colombia a afrontar la bomba social que representan los migrantes en Colombia.

P.

En las zonas de frontera hay un enorme riesgo sanitario y social por esta pandemia. ¿Qué se está haciendo?

R.

Lo que está sucediendo en Ecuador es dramático porque la curva está disparada y por esa zona habrá problemas gravísimos en términos del contagio. En el caso de Venezuela, hay temas que sobrepasan las diferencias políticas y estamos en una emergencia mundial. Hay que hablar con las autoridades del vecino país para atender varias situaciones, como la contaminación ambiental por incendios y desde la Procuraduría estamos buscando contactos o canales de comunicación para dialogar con ellos sobre este tema. Hay problemas que no se resuelven cerrando la frontera, sino de manera bilateral.

P.

¿Cómo resolver el agravamiento de la crisis carcelaria por cuenta de la COVID-19?

R.

Los establecimientos carcelarios de Colombia son un infierno donde se reproducen todos los males, no hay resocialización y se vulneran los derechos humanos. Qué sentido tiene decirles que se laven las manos si no tienen agua. Hace una semana le enviamos una carta al Ministerio de Justicia para que tomara medidas frente al hacinamiento, pero sabemos que hay mucha preocupación de otros entes del Estado por la excarcelación, que pueden ser legítimas si no se ponen los límites y si no se hacen las excepciones con determinadas personas que pueden atentar contra los bienes de los ciudadanos.

Lo que hay que hacer es expedir, de manera inmediata, unas medidas mínimas de prevención en el interior de estos centros, mientras el Gobierno se pone de acuerdo sobre los criterios de la excarcelación. Esto no da espera, las cárceles están sin tapabocas, sin geles, sin material de protección ni para los reclusos, ni para la guardia penitenciaria y el hacinamiento supera el 53%. Nos han dicho que no hay ningún caso, pero yo me pregunto, ¿cuántas pruebas diagnósticas han hecho en las cárceles de Colombia para llegar a afirmar eso?

P.

¿Cómo ponerle freno a la especulación de alimentos y medicinas?

R.

Eso no sólo es un delito, el de especulación y acaparamiento, sino que además es una infamia con la gente. Hemos venido denunciando penalmente a empresas cuyos tapabocas hoy valen cinco veces más que hace tres semanas. Necesitamos ayuda de la ciudadanía para que formulen sus denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Procuraduría y que le avisen a la Policía que está en las calles. También la Fiscalía está funcionando 100% y se requiere que la gente denuncie a los especuladores.

Yo destaco el liderazgo del Gobierno central en la expedición de decretos para afrontar la crisis, pero lo importante es que esas normas se cumplan y para eso se necesita que el Estado funcione a nivel nacional en la entrega de auxilios económicos, subsidios y mercados a quienes los requieran. Se tienen que implementar todos los controles preventivos para que la gente se sienta protegida y confiada para denunciar.

P.

¿Habría que congelar los precios?

R.

Si esto se sale de control hay que congelar los precios. Es una medida que los economistas critican porque dicen que se fomenta el mercado negro, pero estamos en una situación de excepcionalidad y si siguen especulando, a pesar de la regulación de los precios, habría que considerarla.

P.

¿Se debe extender el aislamiento preventivo obligatorio?

R.

Con la información que recibo a diario de expertos epidemiólogos estimo que sí, dependiendo además que tengamos la capacidad de contar con las cifras reales que no las tenemos. Los números que tenemos, y es doloroso decirlo, en número de infectados y de probablemente de fallecidos, no son los reales. Hay que trabajar en las pruebas, insisto, para tener un escenario muy claro de los datos de cuál es la población que está infectada, como hizo Corea que logró contener la epidemia. Si Colombia tiene la información clave se podrá determinar el número de semanas más que deberían estar confinados los ciudadanos o no.

P.

Se está disparando la violencia de género en el confinamiento. ¿Cómo se puede reforzar la atención de esos casos que como la COVID-19 no dan espera?

R.

Toda la sociedad debe cerrar filas para condenar este delito. Más que nunca las comisarías de familia deben estar actuantes y este sistema de Justicia de Familia, que es muy débil, está afrontando esta crisis con preocupación porque los comisarios no están dotados con los equipo de bioseguridad para adelantar su trabajo en el terreno. El Ministerio Público tiene 60 procuradores judiciales en todo el país trabajando de manera virtual o en los territorios porque no podemos suspender sus actividades y este es el llamado que hago al Consejo Superior de la Judicatura para que se les dote a los comisarios de lo que requieran para que puedan estar en la acción de lo que está sucediendo tratando de evitar este monstruoso delito.

Todas las líneas están funcionando y el sistema está atento para ver cómo se puede frenar esta avalancha de delitos que son centrales en la criminalidad de este país, pero mientras los otros han bajado, la violencia de género está creciendo.

P.

¿Cuál es la oportunidad de país en este momento inédito de crisis?

R.

Este país siempre se ha levantado con mucha fuerza y con la frente en alto en medio de muchas dificultades que hemos vivido en la historia y esta puede ser la peor de todas porque no sólo estamos enfrentando la pandemia, sino que también vamos a tener que afrontar hambre y tragedias humanitarias en el caso de aquellos que no les llegarán los auxilios del Estado. Tenemos que estar atentos para ver de qué manera lo solucionamos y tampoco podemos bajar la guardia en esos territorios de Colombia donde los señores de la guerra siguen actuando y matando a los líderes sociales. 

En tiempos de tragedia, guerra o necesidad, la gente hace cosas asombrosas y necesitamos que la gente las haga y también cosas comunes. Necesitamos mostrar unión, solidaridad y una sensibilidad frente al otro para que los que están en casa tranquilos contribuyan con esas líneas de ayuda que se han abierto. Se debe evitar caer en discusiones que son dilemas falsos de qué es primero, si la salud o la economía cuando tenemos primero que salvar las vidas sin dejar caer el sistema económico. Lo que necesitamos es tener una economía de guerra, pero de guerra sanitaria en lo que es el gasto público del Estado, las reservas internacionales, la cooperación internacional, tantos recursos extraordinarios que hoy son necesarios para que la gente tenga demanda y la economía no se apague.

Estamos reclamando responsabilidad, solidaridad, compromiso, unión con un país que vamos a tener que reconstruir después de esta avalancha que se nos ha venido encima. Y que sea la oportunidad para hacer un llamado a todos los partidos políticos a que depongan sus diferencias y mezquindades para que en una sola dirección trabajemos unidos para sacar adelante a Colombia.

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