¿Es válida la orden para que Rodolfo y Petro asistan a un debate?
Abogados constitucionalistas responden ante la medida dictada por un Tribunal de Bogotá.
Diferentes reacciones ha desatado la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro que programen de manera conjunta, a más tardar este jueves 16, un debate presidencial.
La orden se da al acoger una orden de tutela que entre otras cosas señala que los ciudadanos tienen el derecho a “recibir información veraz e imparcial y a la dignidad humana”, y pide “como mínimo dos debates previos a las elecciones del 19 de junio de 2022 en horario no laboral”.
EL HERALDO consultó a abogados constitucionalistas quienes ofrecieron su opinión con relación a la decisión que tomó el tribunal.
Para el abogado constitucionalista Guillermo Rodríguez quien manifestó que la decisión del Tribunal crea un Estado de Inconstitucionalidad, al buscar “limitar derechos fundamentales y la libre Expresión”, ya que el silenció también hace parte de la libre expresión.
“Esta es una orden que busca supuestamente proteger unos derechos constitucionales, pero esos derechos constitucionales se contraponen entre sí, pues están conculcando el derecho constitucional a la libre locomoción, el derecho constitucional a la libre expresión y pues alguien no puede ser obligado a dar expresiones o a manifestarlas para cumplir con un derecho que es del resorte única y exclusivamente de quien dispone de él, no del operador judicial”, señaló el abogado.
Agregó que con la decisión este operador judicial “crea con un estado de inconstitucionalidad”.
Sin embargo, otros abogados explicaron que el no acatar con la orden del Tribunal se podría generar “un incidente de desacato que llevaría a los dos políticos a ser sancionados hasta con un arresto”.
Esto no daría para una privación de la libertad en una cárcel, sino que podría presentarse el escenario por el que el presidente Iván Duque pasó hace unos días al no haber acatado una orden judicial del Tribunal Superior de Ibagué.
