El reciente decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el cual se establece la implementación de un impuesto patrimonial para las personas jurídicas en el marco de la emergencia económica que atraviesa el país, no ha sido bien recibido por parte de varias universidades. Y es que, según el anuncio del Ejecutivo, con esta nueva medida, alrededor de 90 instituciones de educación superior privadas en el país se verían obligadas a pagar enormes cantidades de dinero que, según manifiestan, afectarían significativamente su viabilidad económica.
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Mediante un comunicado público, además de varios otros pronunciamientos que ha hecho a través de sus redes sociales, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ha señalado que el impacto económico que esta nueva normativa tendría para el sector ascendería a los 135.000 millones de pesos, lo que, según el gremio, comprometería la sostenibilidad financiera de varias instituciones.
Uno de los principales argumentos de la asociación es que la medida desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de las universidades, y no tiene en cuenta que los patrimonios no corresponden a utilidades disponibles, sino a activos como infraestructura, laboratorios, bibliotecas y campus destinados a la prestación del servicio educativo.
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Teniendo en cuenta este y otros alegatos, así como los perjuicios que la medida podría acarrear para la matrícula de los estudiantes y el mantenimiento de las becas, el gremio tomó la determinación de escalar la polémica al plano jurídico y presentar una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional. Mediante la presentación de una demanda, Ascun solicitó al alto tribunal tumbar el decreto, o en su defecto, excluir a las IES del impuesto.
En el documento, dirigido a la magistrada Lina Marcela Escobar, la asociación establece que la norma vulnera principios como la equidad tributaria, la capacidad contributiva y la autonomía universitaria.
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Además, la demanda también advierte que destinar recursos de las instituciones al pago de este tributo podría implicar el desvío de fondos que actualmente están siendo orientados a la investigación, el funcionamiento y el apoyo a estudiantes.
“Es casi confiscatorio”: el sentir de las universidades afectadas
Además del pronunciamiento de la Asociación, los directivos de las entidades involucradas también se han manifestado de forma independiente en rechazo a esta medida.
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Uno de los primeros en salir al paso fue el rector de la Universidad del Externado, Hernando Parra Nieto, quien calificó la situación como un hecho sin precedentes que pone en riesgo la capacidad de funcionamiento de las instituciones de educación superior privadas.
“Es una cifra inconcebible, causa desconcierto, perplejidad, es casi confiscatoria diría yo, porque le resta a la universidad la capacidad de funcionamiento”, manifestó el rector Parra en diálogo con ‘Blu Radio’.
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Según explicó el directivo, esta afectación impactaría tanto al área de investigación como a los educadores y estudiantes, pues las universidades se verían obligadas a sacrificar proyectos académicos que ya tenían acordados para poder cumplir con el pago al Gobierno.
“Estamos prescindiendo de adquirir equipo, de fortalecer toda nuestra área de investigación y biblioteca”, señaló Parra, quien además admitió su preocupación por el aumento en la cifra de deserción estudiantil, a causa de la falta de apoyo económico.
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Según Parra, el 37% de los estudiantes admitidos para el primer periodo de 2026 desistieron de ingresar por falta de financiación.
Mineducación pide mesa técnica
Tras la demanda presentada por las universidades, el ministro de Eduación, Daniel Rojas, dio a conocer que ya ha solicitado la creación de una mesa técnica para evaluar los puntos expuestos por las instituciones y los demás efectos que la medida podría llegar a tener en el sistema universitario.
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"Le he solicitado constituir prontamente una mesa técnica a mi colega ministro de Hacienda para evaluar la iniciativa de poner una mayor carga impositiva a las universidades privadas y su impacto al aporte que estas hacen al sistema educativo", señaló el jefe de la cartera de Educación a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en donde además compartió la carta que le habría enviado al minhacienda.
En el documento en cuestión, Rojas establece que el objetivo de la participación de ambas carteras en la mesa es el de abrir un diálogo técnico e interinstitucional que facilite revisar los alcances del impuesto y armonizar su implementación con las dinámicas propias del sector educativo, en línea con las políticas del Gobierno.
