Un total de 410 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2022 y 2025, un fenómeno que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “persistente y estructural” en su más reciente informe.
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Según el documento ‘Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025)’, la evolución anual de los homicidios muestra un descenso progresivo entre 2022 y 2024 y un repunte en 2025.
En 2022 se documentaron 117 casos, el pico más alto de la última década; en 2023 fueron 106; en 2024 bajaron a 89, el nivel más bajo del cuatrienio, y en 2025 volvieron a subir a 99.
Del total de víctimas registradas en ese periodo, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas pertenecían a la comunidad LGBTIQ+, mientras que 171 eran campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que evidencia el impacto desproporcionado de la violencia sobre liderazgos comunitarios y poblaciones rurales y étnicas.
Durante este periodo, la ONU identificó que los ataques no son hechos aislados, sino que “responden a una estrategia de control social y territorial ejercida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, actores que además serían responsables del 73 % de los homicidios documentados.
Según el informe, estos grupos ven en la labor de los defensores un obstáculo para la consolidación de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, por lo que recurren a distintas formas de violencia para imponer su dominio en los territorios.
“A través del homicidio, la amenaza y el confinamiento, los grupos armados han buscado quebrar la autonomía de las comunidades y silenciar cualquier resistencia ante la imposición de sus normas de conducta”, indica el informe de la ONU.
Impacto territorial
El departamento de Cauca encabeza la letalidad con 84 homicidios, seguido por Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, territorios donde “la escasa presencia integral del Estado ha permitido que la violencia se ensañe con los liderazgos de base”.
Según la ONU, resulta especialmente alarmante el impacto sobre los pueblos indígenas, que sufrieron el 23 % de los crímenes del periodo.
“El Pueblo Nasa, en particular, enfrentó un riesgo extremo con 44 líderes asesinados, lo que golpea directamente su estructura organizativa y cultural”, agregó la ONU.
El perfil de las víctimas durante estos cuatro años se centró en líderes campesinos, integrantes de Juntas de Acción Comunal y defensores del medio ambiente, liderazgos que suelen enfrentar mayores riesgos por su papel en la defensa del territorio, los recursos naturales y la organización comunitaria.
Estos liderazgos enfrentan además lo que la Corte Constitucional denominó en 2023 un “Estado de Cosas Inconstitucional”, debido a que los mecanismos de protección vigentes no han logrado adaptarse a las realidades rurales ni ofrecer soluciones colectivas efectivas.
“La persistencia de altos niveles de impunidad y la falta de una respuesta institucional coordinada han permitido que los agresores continúen operando con relativa libertad en territorios estratégicos para sus rentas criminales”, precisa el informe.
