En medio de la incertidumbre que generaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre liquidar las EPS quebradas, la Superintendencia de Salud emitió un pronunciamiento en el que da una parte de tranquilidad.
En el comunicado, la entidad aseguró que continuará evaluando el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), incluyendo la gestión del riesgo y la estabilidad del sistema. Esto, con el fin de tomar las decisiones necesarias dentro del marco de sus competencias.
La Supersalud subrayó que todas sus actuaciones se desarrollarán respetando el debido proceso y priorizando la protección de los derechos de los usuarios. En ese sentido, reiteró que su objetivo es garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud bajo criterios de calidad, integralidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad, así como velar por el uso adecuado de los recursos públicos del sector.
Además, la entidad hizo un llamado a los prestadores de servicios de salud, operadores logísticos y gestores farmacéuticos para que aseguren la continuidad en la atención y el suministro de tecnologías en salud, evitando interrupciones. De igual forma, instó a las EPS a cumplir estrictamente su rol dentro del sistema, especialmente en la gestión del riesgo y el flujo de recursos.
Finalmente, la Superintendencia emitió un parte de tranquilidad a los usuarios del sistema de salud, al señalar que cualquier decisión que adopte estará orientada a preservar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad de los servicios en todo el país.
La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la rigurosidad técnica “y la toma de decisiones responsables para fortalecer el sistema de salud colombiano”.
Advierten del riesgo
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señaló los peligros de ejecutar la orden del presidente Petro y proceder con la liquidación de esas entidades.
“La liquidación de estas EPS no solamente no resuelve el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de las EPS que deban recibir nuevos usuarios y que tampoco están en condición financiera ni operativa para hacerlo”, señaló la entidad.
En ese sentido, anotó que “en el caso de las ocho EPS intervenidas por este gobierno, los indicadores financieros y de atención, dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención, imputable a la gestión de la intervención y al reiterado incumplimiento del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de financiamiento del sistema de salud”.
El gremio también aseguró que “no es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo gobierno, en un diálogo mesurado y técnico, implementar rápidamente la estabilización de los servicios a través de un plan estructurado e integral de corto plazo”.
Así mismo hicieron un llamado para prevenir un daño mayor: “no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas, de pacientes y sus familias que hoy sufren por falta de atención”.
