Luego de que la Corte Suprema de Justicia informara este miércoles que dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, esta última se entregó a las autoridades.
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La representante de las curules de paz, en medio de la investigación por el caso de corrupción de la UNGRD, se presentó este 11 de marzo ante la sede de la Sijín de Tame, en el departamento de Arauca. Según El Tiempo, de forma inmediata se iniciaron los procedimientos para la legalización de la captura y se contempla su posible traslado a Bogotá, donde continuará el proceso en su contra.
Manrique fue la candidata más votada en la circunscripción 2 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).
Hay que recordar que la Sala de Instrucción, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.
“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en el documento.
Y sigue: “En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
Por ello concluye el máximo tribunal de la justicia ordinaria que el amplio material recaudado durante la investigación permite establecer que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.
Explicó así mismo la alta corte que una vez ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.
