El Tribunal Administrativo del Meta requirió a 10 magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, en menos de 48 horas, expliquen por qué no se cumplió con el fallo de tutela que ordenaba un pronunciamiento de fondo en relación al proceso administrativo sobre presunta trashumancia electoral en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7, que comprende varios municipios de Guaviare y Meta.
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De acuerdo con información de Caracol Radio, el Tribunal advirtió que de no cumplir con la solicitud se podría abrir un incidente de desacato.
En el auto, según el medio nacional, se le pide al CNE explicar las razones por las que no se dio cumplimiento al fallo emitido a principios de mes, específicamente el 3 de marzo, varios días antes de las elecciones para Senado y Cámara.
“PRIMERO: Por Secretaría de este Tribunal, REQUERIR a los magistrados Cristian Ricardo Quiroz Romero, Alfonso Campo Martínez, Maritza Martínez Aristizábal, Álvaro Echeverry Londoño, Benjamín Ortiz Torres, Fabiola Martínez Grisales, Altus Alejandro Baquero R., Pablo Julio Cruz Ocampo, Álvaro Hernán Prada A. y Alba Lucía Velásquez H., para que, de forma directa, en el término de dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncien sobre el cumplimiento del fallo de tutela del 3 de marzo de 2026 y los cuestionamientos de la parte actora en su escrito de incidente de desacato”, se lee en el auto, según publicó Caracol Radio.
Se agrega: “SEGUNDO: ORDENAR a los funcionarios requeridos y al CNE informar a este despacho, dentro del mismo término de dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, sus datos de identificación y de notificación personal, tales como la dirección de correo electrónico institucional o personal y el número telefónico.No obstante, en el evento de que el cargo mencionado se encuentre ocupado por otro funcionario o el cumplimiento de las órdenes esté a cargo de otro funcionario, informe sus identificaciones y datos para sus individualizaciones y notificaciones, en caso de llegar a imponerse una sanción”.
El caso tiene que ver con la orden a la Registraduría Nacional del Estado Civil de verificar las inscripciones cuestionadas en las zonas rurales y depurar el censo electoral. También se le solicitó a la Procuraduría revisar que se cumpla con la orden.
De igual forma, en el fallo se ampararon los derechos fundamentales a la participación política, igualdad material y reparación de las víctimas dentro de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 7, que Amparo Sánchez Hereda, representante legal de la Asociación Red de Mujeres Vereda La Y (ASOYERURAL), consideró vulnerados con la presunta inscripción ilegal de cédulas.
Las alarmas se encendieron en Guaviare por un incremento del 1.500 % en la inscripción de cédulas en el departamento.
