El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió este 25 de febrero el Decreto 0182, con el que estableció nuevas reglas para la operación de las EPS en el país. La norma redefine el ámbito territorial en el que podrán funcionar estas aseguradoras y fija límites según el tamaño poblacional de departamentos y municipios, así como el porcentaje de afiliados que tenga cada entidad.
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Según el decreto, cuando una EPS supere el 20% del total de afiliados a nivel nacional será tenida en cuenta dentro del número máximo permitido por categoría territorial, aunque mantendrá su autorización para operar en las zonas donde ya tenga presencia.
Asimismo, para las EPS con menos de un millón de afiliados se conservará su ámbito actual de operación; no obstante, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados —sumando régimen contributivo y subsidiado— no podrán seguir prestando servicios en los municipios de ese territorio.
La norma organiza los departamentos por rangos de población y fija porcentajes mínimos de afiliación para que las EPS puedan mantenerse:
- En departamentos con más de 2 millones de habitantes, solo podrán operar las EPS que alcancen al menos el 5% de afiliados.
- En departamentos entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo exigido será del 10%.
- En departamentos con población entre 100.000 y 390.000 habitantes, se requerirá una participación del 15%.
Con estas disposiciones, los territorios con menor número de habitantes tendrán menos EPS habilitadas, privilegiando aquellas con mayor cobertura.
Por otro lado, en el nivel municipal también se establecieron topes de operación. En municipios con más de 500.001 habitantes podrán funcionar todas las EPS autorizadas, salvo aquellas con menos del 3% de afiliados en el territorio. Para municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes se permitirá un máximo de cinco EPS; entre 50.001 y 100.000, hasta cuatro; entre 30.001 y 50.000, hasta tres; y entre 20.001 y 30.000 habitantes, máximo dos. En todos los casos, las EPS que no alcancen el 3% de participación quedarán excluidas.
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Además, la actualización del ámbito territorial tendrá una vigencia de cinco años y su renovación dependerá del cumplimiento de condiciones evaluadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Ante esto, Acemi, gremio que reúne a las EPS en Colombia, advirtió sobre los efectos que traerían este nuevo decreto en el sistema de salud.
- El retiro de algunas EPS de algunos municipios donde no cumplen con el porcentaje mínimo requerido.
- La asignación de nueva población a algunas EPS, en ciertos municipios donde cuentan con mayor población afiliada.
- La mayor concentración de usuarios en Nueva EPS, que se consolida como el gran operador del aseguramiento en todo el territorio nacional.
A través de un comunicado, Acemi afirmó que la territorialización del aseguramiento es razonable bajo criterios de eficiencia y capacidad de atención a la población. Sin embargo, considera que este decreto, que es una modificación estructural a las reglas de operación del sistema sólo puede tramitarse por ley.
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“La fragmentación actual del aseguramiento y la heterogeneidad de sus operadores: 8 EPS bajo medida de intervención con más de 24 millones de afiliados, con críticos resultados financieros y alto grado de insatisfacción por sus usuarios, impide que la redistribución de afiliados se de en condiciones de balance operativo entre entidades que ceden población y entidades que reciben población.”, indica el gremio.
Además, resalta que estas condiciones generarían un grave afectación para millones de usuarios que podrán ser trasladados de EPS donde son atendidos en la actualidad, a EPS que tienen serias dificultades, como es el caso de la Nueva EPS.
De acuerdo con los cálculos realizados por Acemi, si se aplican las normas de distribución de población que introduce el Decreto, la entidad, que hoy tiene más de 11.5 millones de afiliados, recibiría 2.6 millones de nuevos afiliados, lo que representaría un incremento del 22.6%.
“Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado Estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud.”, manifiesta Acemi.
Asimismo, advierten sobre una situación similar en EPS intervenidas que tendrían incrementos cercanos al 40% en el número de usuarios.
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Por su parte, indica que en el caso de las EPS que no tienen medida de intervención perderán más de 800.000 usuarios.
Finalmente, la agremiación expresó que el sistema de salud requiere medidas urgentes de estabilización y señaló que el decreto 0182 profundiza la crisis.
“Hay que detener el sufrimiento de miles de pacientes y familias que hoy no están siendo atendidas. Hay que prevenir un daño mayor. El decreto expedido en las condiciones actuales profundiza la crisis y expone a las EPS a un riesgo operativo mayor que las puede llevar al colapso. Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios.”, puntualiza.
