La Defensoría del Pueblo pidió este lunes al Gobierno acciones inmediatas en 62 municipios del país por riesgos electorales relacionados con violencia de grupos armados.
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Esto al presentar una versión actualizada de su informe de seguimiento y alertas tempranas sobre posibles riesgos electorales.
Al respecto, la defensora Iris Marín advirtió que las instituciones no compartieron información detallada sobre sus planes para garantizar la seguridad: “Hubo ausencia de información importante para la valoración de la respuesta, se recibió muy poca información por parte de las instituciones del Estado lo que imposibilitó evaluar la información completa”.
Para la jefa de la entidad del Ministerio Público persiste la preocupación central “sobre la libertad y cómo se desarrollarán las elecciones en ciertas regiones del país por la gobernanza de los grupos armados”.
Por ello, hizo un llamado de acción inmediata en 62 municipios, un llamado de acción urgente en 162, un llamado de acción prioritario en 425 y un llamado a la observación permanente en 216.
Así mismo, advirtió que “los candidatos enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como por restricciones severas a su movilidad y la prohibición de realizar proselitismo en territorios dominados por grupos armados”.
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Al tiempo que “los servidores públicos enfrentan un riesgo creciente marcado por amenazas, coacciones, restricciones de movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales”, sobre todo en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.
