Compartir:

Durante un evento en Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció que 2.300 madres comunitarias han sido vinculadas como empleadas públicas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que de acuerdo con el mandatario significa un hecho histórico.

Leer también: Decreto transitorio mantiene salario mínimo en $2 millones: ‘no es una operación aritmética’, según Mintrabajo

“Hoy son 2.300 trabajadoras oficiales que, por primera vez en la historia, son servidoras públicas del Bienestar Familiar... Durante décadas el cuidado de la niñez recayó sobre mujeres que trabajaban sin el reconocimiento pleno del Estado”, dijo el mandatario nacional en el acto.

El jefe de Estado recordó que la formalización laboral de las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles para su inclusión a la planta de Bienestar Familiar es un logro de la Ley de Reforma Laboral 2466 del 2025.

“¿Cómo así que la política oficial del Estado colombiano para cuidar la niñez hace unas décadas consistió en pedirles trabajo regalado y esclavo a las mamás pobres vecinas del niño y de la niña? ¿En qué se gastó la plata? ¿Es que no había? No, señora, sí había, pero priorizó otras cosas; priorizó más explorar petróleo que cuidar la niñez de Colombia; priorizó hacer carreteras para tractomulas", aseveró.

Por su parte, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, aseguró que estas contrataciones directas solo significan el primer paso de una transformación más profunda.

“Hemos hecho posible lo que durante décadas se consideró imposible. Este es el primer paso de una transformación más profunda del sistema de atención”, declaró.

Importante: Radican en Cámara moción de censura contra ministro Guillermo Jaramillo tras muerte de Kevin Acosta

De acuerdo con cifras del ICBF, 35.000 madres y padres comunitarios acompañan la atención de 430.916 niñas y niños en hogares comunitarios, articulados con otras estrategias que permiten alcanzar a más de 2,1 millones de niñas y niños en todo el país.

Cáceres explicó que el Instituto avanzó hacia un modelo con mayor gestión directa en los territorios, donde el 72 % de los servicios operan bajo un esquema público comunitario y se proyecta que en 2026 más de 45.000 unidades de servicio funcionen con mayor gestión directa en 30 departamentos. “Ahora son las propias organizaciones comunitarias quienes gestionan sus recursos”, señaló.