La Fiscalía General de la Nación ordenó la ocupación de un conjunto de bienes presuntamente vinculados a actividades de lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Se trata de 12 propiedades que, según la investigación, harían parte del patrimonio oculto de Valentina Forero Álvarez, mujer extraditada a Estados Unidos y procesada por delitos financieros.
Las medidas incluyen embargo, secuestro y la suspensión de cualquier facultad de venta o administración sobre los bienes, cuyo valor preliminar supera los 7.300 millones de pesos. Todos quedaron bajo control del proceso de extinción de dominio que adelanta el ente acusador.
Entre los activos afectados figuran seis bienes inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales localizados en los municipios de Armenia, Quindío y en las ciudades de Cali, Sevilla y Jamundí, en el Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, las propiedades habrían sido adquiridas con recursos derivados del tráfico internacional de cocaína.
Bienes a nombre de terceros
La Fiscalía estableció que ninguno de los activos estaba registrado directamente a nombre de Forero Álvarez. En su lugar, figuraban como propietarios familiares, allegados y sociedades comerciales que, según el expediente, no contaban con ingresos ni respaldo financiero suficiente para justificar compras de ese nivel.
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Asimismo, para los investigadores, este esquema habría sido utilizado para encubrir el origen ilícito del dinero y darle apariencia de legalidad mediante el uso de terceros y empresas fachada.
Forero Álvarez fue detenida en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. En ese país enfrenta cargos por lavado de activos, relacionados con movimientos de dinero en efectivo cercanos a los 2,9 millones de dólares realizados entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales habrían circulado por el sistema financiero internacional antes de regresar a Colombia.
Finalmente, con estas acciones, la Fiscalía busca impedir que los bienes sean comercializados o traspasados mientras avanza el proceso judicial y asegurar que, en caso de confirmarse su origen ilegal, pasen definitivamente a manos del Estado.
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