La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo y la implementación de recientes reformas laborales en los costos del servicio de vigilancia privada en Colombia. Esta situación afectará directamente a conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas y a los usuarios en general.
Con el incremento del salario mínimo decretado para 2026, el aumento acumulado en el costo del servicio para los usuarios superará el 30 % en un periodo de apenas seis meses, poniendo en riesgo la sostenibilidad y continuidad de la vigilancia privada formal en el país, advierte la confederación.
“Este incremento se explica por el aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado a un 7 % adicional en las tarifas del servicio, derivado de la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, que pasó de 46 a 42 horas semanales, y de la ampliación del horario nocturno, que se extiende desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., lo que implica mayores recargos salariales para los vigilantes. Estos costos laborales adicionales, deben ser asumidos por las empresas de seguridad y, de manera inevitable, trasladados al usuario final”, explican.
Actualmente, el costo de un servicio de vigilancia con tres vigilantes en turno de 24 horas cerrará el año 2025 en aproximadamente $19.304.355 mensuales, valor al que deberá sumarse el nuevo incremento del salario mínimo para el 2026.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, advirtió además sobre el riesgo de que este escenario incentive la informalidad en el sector: “Existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad, contratando empresas que no cumplen con las obligaciones laborales ni con los requerimientos tecnológicos exigidos por la ley. Estas opciones, aunque aparentan ser más baratas, representan un riesgo para la seguridad y la legalidad”.
Como consecuencia de estos aumentos, aseguran, muchas administraciones de conjuntos residenciales y pequeñas empresas no estarán en capacidad de asumir los nuevos costos o se verán obligadas a reducir el número de vigilantes contratados.
Para Confevip, esto generará un impacto negativo en el empleo formal del sector, con efectos como mayor desempleo, menor contratación, reducción de ingresos para las empresas de seguridad privada y menores recaudos para el Estado.
