Uno de los sectores afectados con el incremento del salario mínimo para 2026, que finalmente será de un 23,7 por ciento, incluyendo el auxilio de transporte, es el de la construcción.
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Hay que recordar que los precios de las viviendas de interés social están directamente relacionados al salario mínimo, por lo que se espera que los precios de este tipo de viviendas también suba en el mismo porcentaje.
Ante esto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, le envió un mensaje a las constructuras para que sean razonables y equilibrados en los precios.
“El llamado que les queremos hacer a estos sectores de la construcción es que deben ser razonables y deben ser equilibrados en la aplicación de estas promesas de compraventa que hayan colocado en salarios mínimos, porque esto implica un incremento mucho más allá de las necesidades de incremento en los costos de producción por parte de los constructores, y les generaría una renta excedida de recursos, una utilidad desmedida que no es razonable, simplemente por la indexación de los salarios mínimos en las promesas de compraventa”, declaró el ministro.
Respecto a este tema, la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) expresó su preocupación, al advertir que la medida del salario mínimo podría generar un incremento de hasta el 10 % en el precio de la vivienda, especialmente en la Vivienda de Interés Social (VIS), además de presionar la inflación y afectar el empleo formal.
Según el gremio, el incremento salarial no estaría alineado con la inflación ni con la evolución de la productividad, y rompe con el principio de concertación social. CAMACOL señaló que el salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples costos de la economía, como tarifas, servicios, sanciones y aportes a seguridad social, lo que amplifica su impacto inflacionario.
En el sector de la construcción, altamente intensivo en mano de obra, el impacto sería inmediato. La entidad explicó que la mano de obra representa cerca del 25 % de los costos directos de construcción, por lo que el aumento del salario mínimo elevaría los costos totales del sector en alrededor de un 4 %, presión que terminaría trasladándose al precio final de la vivienda.
Adicionalmente, CAMACOL alertó que, al estar el precio de la VIS definido en salarios mínimos, el ajuste eleva automáticamente los topes máximos de estas viviendas, reduciendo su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, en particular a familias con ingresos variables o en la informalidad.
Desde el punto de vista laboral, el gremio advirtió que la medida encarece la contratación formal en un país donde cerca del 55 % de los ocupados se encuentra en la informalidad, sin que ello represente un beneficio real para este segmento de trabajadores.
“Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL, al señalar que mejorar el ingreso de los trabajadores formales no puede hacerse a costa de frenar la generación de empleo, presionar la inflación y encarecer la vivienda social.
