Este miércoles 26 de noviembre el caso de corrupción de la UNGRD –tal vez el escándalo de mayores proporciones del Gobierno Petro- dio un nuevo paso: la Fiscalía General de la Nación radicó imputación de cargos y pedirá cárcel contra Ricardo Bonilla, ex ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior.
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El ente acusador les atribuye presunta responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Serias acusaciones que los tienen con un pie en la cárcel de comprobarse la tesis del ente acusador.
¿De qué acusan a Bonilla?
De acuerdo con Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, su salida de esta última entidad se debió, entre otras cosas, a una mala relación con Bonilla. Contó que uno de los momentos tensos entre ambos fue cuando el presidente Gustavo Petro solicitó que se verificara si los llamados “cupos indicativos” estaban siendo entregados a los mismos políticos de siempre.
“Recuerdo esa situación. Era diciembre de 2023, en una reunión de planificación estratégica con todo el gabinete y algunos directores de entidades. En ese momento, el presidente afirmó: ‘En gobiernos anteriores, los cupos se repartían entre los amigos de los políticos, pero en mi gobierno eso no sucede. Si alguien tiene conocimiento de que esto está ocurriendo, debe informármelo, porque no lo vamos a permitir’”, dijo Reyes a mediados de este año.
“Cuando el presidente pidió señalar cualquier irregularidad, levanté la mano y mencioné un nombre: Adriana Ramírez, asesora del (entonces) ministro Ricardo Bonilla”, agregó.
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Así mismo, aseguró que Bonilla dio el aval a una propuesta de varios congresistas de las comisiones económicas para trasladar $200.000 millones de la DIAN a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la adición presupuestal de 2023.
El intercambio en el Congreso
Lo de la DIAN es solo la punta del iceberg, según apuntan las investigaciones de la Fiscalía. Y es que María Alejandra Benavides, exasesora del alto funcionario, lo salpicó en un presunto entramado de ese ministerio, la UNGRD y el Congreso.
De acuerdo con el relato de Benavides, ahora testigo clave del caso, su antiguo jefe “la había usado” para comprar las voluntades de seis congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que avalaran operaciones urgidas por el Gobierno a cambio de jugosas dádivas.
En ese sentido, Ricardo Bonilla es señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD y también fue, según un chat de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quien coordinó la adjudicación de tres contratos por $92.000 millones de pesos para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
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El exministro ha negado todas estas acusaciones y afirmado que está a disposición de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Velasco, el de las “instrucciones”
Por otro lado está Velasco, a quien la Fiscalía lo acusa de haber sido el encargado de indicarle al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y Pinilla, a quién debían adjudicar contratos en el departamento de Córdoba, los cuales sumaban más de $35.000 millones.
En ese sentido, el exministro habría sido quien dio “instrucciones” al exdirector y exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, hoy juzgados, sobre los contratos destinados a disminuir el impacto de las lluvias en varias zonas del país.
El impacto climático pretendía mitigarse en los municipios de Saravena, Arauca (por 32.559 millones de pesos); Cotorra, Sucre (por 44.522 millones de pesos); y Carmen de Bolívar (por 12.356 millones de pesos).
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“El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos dentro de la unidad para beneficiar al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de $35.000 millones. El senador le indicaría dónde y con quién ejecutarlos”, añadió la Fiscalía a principios de 2025 durante una audiencia.
Sin embargo, el ente acusador aclaró en su momento que dichos contratos no se concretaron, ya que el escándalo por los carrotanques de La Guajira –el escándalo que provocó la tormenta en la UNGRD- estalló antes de la adjudicación de los mismos.
“Estos proyectos, objeto de la presente imputación, no alcanzaron a celebrarse, debido al escándalo de irregularidades en la contratación de la entidad. Los hechos jurídicamente relevantes corresponden al delito de interés indebido en la celebración de contratos”, enfatizó la Fiscalía para ese entonces.
