La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles 26 de noviembre una audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
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El ente acusador les atribuye presunta responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
“El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD acaba de radicar, ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”, afirmó la Fiscalía.
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Según la investigación, los hechos que vinculan a Bonilla se remontan a finales de 2023, cuando habría intentado direccionar al menos tres contratos públicos valorados en aproximadamente 92. 000 millones de pesos hacia seis congresistas.
Esto con el propósito que los parlamentarios supuestamente debían apoyar cupos indicativos para la administración del presidente Petro. Los contratos estarían destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca).
La situación jurídica de Ricardo Bonilla se ha visto comprometida luego de que la Fiscalía General de la Nación formalizara un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien ahora figura como testigo clave en el caso.
La exasesora del Ministerio de Hacienda ha asegurado que Bonilla era el que daba las órdenes, estaba enterado de sus acciones y que “la había usado” para comprar las voluntades de seis congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que avalaran operaciones urgidas por el Gobierno a cambio de jugosas dádivas.
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En ese sentido, Ricardo Bonilla es señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la Ungrd y también fue, según un chat de Pinilla publicado por ‘Noticias Caracol’, quien coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Por su parte, las pruebas contra Luis Fernando Velasco se basan en declaraciones de exdirectivos de la UNGRD. Un testimonio sostiene que Velasco habría dado instrucciones directas para redireccionar contratos. Pues también habría participado en las reuniones realizadas en 2023, en el que estaban varios altos funcionarios y exdirectivos del Gobierno.
