El Estado colombiano fue declarado responsable por la tragedia de Mocoa, ocurrida en 2017, luego de un fallo de primera instancia que ordena indemnizar a las víctimas con una suma superior a 89.000 millones de pesos. La decisión judicial recae sobre cuatro entidades nacionales y territoriales.
El fallo, proferido por el Tribunal competente, concluyó que la avalancha que dejó 700 personas muertas y arrasó 17 barrios de Mocoa era “previsible y evitable”. Según la sentencia, las autoridades omitieron implementar medidas de prevención y sistemas de alerta temprana, pese a contar con estudios que advertían los riesgos en las cuencas hídricas de la zona.
“El fallo resalta que, pese a que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, el Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos”, se lee en la decisión.
¿Qué entidades son responsables de la tragedia de Mocoa?
El Tribunal declaró responsables, de manera solidaria, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo y al Municipio de Mocoa.
De acuerdo con la sentencia, estas entidades incurrieron en una “omisión múltiple y concurrente” al no ejecutar acciones adecuadas de gestión del riesgo ni activar sistemas de alerta temprana que hubieran permitido mitigar la tragedia.
¿Cuál es el monto de la indemnización que el Estado deberá pagar por la tragedia de Mocoa?
La indemnización por la tragedia de Mocoa asciende a más de 89.000 millones de pesos, equivalentes a 63.148 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el fallo.
El Tribunal reconoció tanto perjuicios morales como materiales, aplicando un criterio de reparación colectiva debido a la magnitud del desastre.
Esta acción de grupo accede a las pretensiones de las víctimas y ordena la reparación del daño causado. Paralelamente, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúa tramitando otros procesos relacionados con fallas en el sistema de alertas tempranas, también instaurados por afectados de la avalancha.
