A principios y mediados de la década de los noventa, en el norte del departamento de Antioquia, operó un grupo ilegal conocido como Los 12 Apóstoles, una organización señalada por múltiples informes oficiales, investigaciones periodísticas y testimonios judiciales como responsable de asesinatos selectivos, retaliaciones y prácticas de “limpieza social” en municipios como Yarumal y sus alrededores.
Durante estos años, varios testigos han relacionado el nombre de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, con la orden que habría dado para asesinar a Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, en hechos ocurridos el 25 de febrero de 1994 en esa zona de Antioquia.
“A partir de la prueba testimonial y documental, se reprocha que Santiago Uribe Vélez, en los primeros años de la década de los noventa, habría conformado y dirigido desde la Hacienda La Carolina, un grupo armado ilegal que se estructuró con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados como indeseables sociales, pero también para eliminar militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región; propósito para el cual contaron con el concurso, por acción y omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar”, aseguró el policía Jairo Rodríguez Venegas ante la JEP.
El grupo surgió en un contexto de fuerte confrontación entre estructuras delincuenciales, milicias urbanas y autoridades locales. De acuerdo con versiones entregadas en distintos procesos judiciales y ante organismos de justicia transicional, el grupo habría estado integrado por civiles, ganaderos, comerciantes y algunos miembros de la fuerza pública que actuaban de manera coordinada para ejecutar acciones armadas contra personas acusadas —muchas veces sin sustento— de delinquir o colaborar con grupos insurgentes.
A lo largo de los años, el caso de Los 12 Apóstoles ha sido objeto de procesos judiciales, decisiones preliminares y testimonios contradictorios, incluidos los de exintegrantes de la fuerza pública que han declarado ante la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas versiones han detallado cómo operaba el grupo, qué tipo de acciones realizaba y cuáles habrían sido sus redes de apoyo. Varias de esas afirmaciones continúan bajo verificación judicial.
Los hechos atribuidos al grupo incluyen homicidios selectivos, amenazas y la estigmatización de habitantes de la región, especialmente jóvenes, trabajadores informales y personas señaladas sin pruebas de tener vínculos con actividades delictivas.
