La Contraloría General de la República determinó un posible detrimento patrimonial de 213.548.069,50 pesos por el uso de aeronaves oficiales de la Policía en vuelos realizados por Juliana Guerrero, quien en su momento era la gran opcionada a ser elegida como la viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad.
El ente de control envió al Ministerio del Interior un plan de mejoramiento con el fin de resarcir el presunto perjuicio fiscal.
De acuerdo con la investigación, los cinco trayectos en avión y helicóptero fueron autorizados para trasladar a Guerrero los días 19 y 20 de junio de 2025, supuestamente bajo la figura de “misión secreta”, en el departamento del Cesar.
Sin embargo, la documentación recopilada por la Contraloría revela que el propósito real de los vuelos fue permitir la asistencia de Guerrero a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), lo que no se considera una función misional del Ministerio del Interior.
Para la Contraloría, la autorización y ejecución de estos vuelos constituye una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, “causando una mengua en los recursos públicos asignados al convenio, por valor de doscientos trece millones quinientos cuarenta y ocho mil sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos ($213.548.069,50), correspondiente a los gastos operativos asociados a dichos desplazamientos”.
Según el convenio interadministrativo 400-2025, firmado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, las aeronaves solo pueden usarse para actividades misionales o funciones relacionadas con seguridad pública.
La Contraloría remitió el caso a la Procuraduría para que evalúe posibles faltas de naturaleza administrativa.
