El pasado 6 de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una regresividad en la garantía del derecho a la salud, especialmente en el acceso oportuno a medicamentos, y pidió al Gobierno nacional acelerar medidas estructurales, entre ellas una reforma al sistema.
La defensora Iris Marín indicó que “los problemas de acceso afectan a personas de todo el territorio y no distinguen entre regímenes de atención. Tienen elementos de regresividad porque generan barreras, especialmente en medicamentos y atenciones de alto costo”.
Ante esto, el Ministerio de Salud se pronunció este lunes negando que existe una crisis en el acceso a medicamentos en el país, y aseguró que los sobrecostos se deben a los “monopolios farmacéuticos” y “cadenas privadas”.
“El aumento del gasto no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud. Hoy el Estado enfrenta esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios”, añadió el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El Ministerio de Salud indicó además que entre 2022 y 2024 aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, garantizando el acceso a tratamientos complejos. De esta manera, la cartera negó que existe una crisis de desabastecimiento.
Asimismo, el Ministerio afirmó que trabaja conjuntamente con la Adres, la Superintendencia Nacional de Salud y el Invima para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la disponibilidad de insumos médicos en todo el territorio nacional, y mejorar la eficiencia en la distribución.
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El Minsalud recalcó que el informe de la Defensoría del Pueblo evidencia la necesidad de avanzar en una reforma estructural del sistema de salud, que consolide un modelo que priorice la atención de los pacientes y la sostenibilidad financiera del sector.
