La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó este miércoles los resultados del ‘Informe Defensorial de Salud 2025, Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, así como las acciones propuestas por la entidad para mitigar las problemáticas que enfrenta la ciudadanía usuaria del sistema de salud.
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La funcionario señaló que el propósito del informe es dar a conocer los hallazgos y formular recomendaciones orientadas a superar las barreras de acceso a medicamentos y garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.
Asimismo, explicó, la Defensoría busca recoger los compromisos y aportes de las autoridades, entidades del sistema, gremios y organizaciones sociales, “con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos del sector” de la salud.
En el documento, la Defensoría alerta que el derecho a la salud en Colombia “se enfrenta a una problemática estructural” asociada con el funcionamiento y la financiación del sistema de salud, la cual lleva varios años, pero en 2025 “se ha hecho más crítica”.
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“Esta problemática se caracteriza por un incremento sostenido de barreras en el acceso y en la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación de los ciudadanos, y afecta especialmente a poblaciones vulnerables, zonas rurales y territorios con alta dispersión geográfica y baja conectividad”, indicó.
Dicha crisis se ve reflejada en los siguientes indicadores, según cifras de la Defensoría:
Las tutelas en salud aumentaron un 34,10 % entre enero de 2024 y julio de 2025. La tasa de reclamos de la Superintendencia Nacional aumentó un 34,2 % entre 2024 y 2025 y este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS).
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Entre 2022 y 2025, la Defensoría del Pueblo recibió cerca de 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud a nivel nacional, aproximadamente 32 % mas que en el año 2023. Entre enero y agosto de 2025, hay cerca de 28.000 quejas radicadas.
Además, se detalla que una encuesta de verificación del derecho al acceso a medicamentos realizada por la Defensoría del Pueblo a 3.449 personas en puntos de dispensación de todo el territorio nacional arrojó que el 90 % de los encuestados no recibieron o recibieron parcialmente y con demoras sus fármacos.
El organismo alertó que “el gasto en medicamentos crece, pero el acceso decrece”, basándose en las cifras de 2024, cuando las ventas de medicamentos en el canal institucional (aquel que se cubre con recursos del sistema de salud) registraron un crecimiento del 17 % frente a 2022, con una reducción del 7 % respecto al 2022 en las unidades vendidas. Mientras que el canal comercial incrementó las unidades vendidas en un 5 % en comparación con 2022.
El informe pone de presente que la “ausencia de transparencia y claridad” de la información financiera de las EPS, IPS y gestores farmacéuticos, así como las falencias en la rendición de cuentas “incrementan la desconfianza y desinformación de la ciudadanía y de todos los agentes del sistema de salud”.
También señaló que la disponibilidad de medicamentos y servicios se ve afectada por “el atasco de recursos y retrasos en los pagos de deudas corrientes y acumuladas” entre las EPS e IPS y los gestores farmacéuticos.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
El organismo no solo diagnosticó los principales problemas del sistema de salud en relación al acceso a medicamentos, sino que también entregó una serie de recomendaciones, divididas entre coyunturales y estructurales.
Dentro de las recomendaciones coyunturales se destaca la necesidad de diseñar una “estrategia de coordinación y diálogo con el sector privado” para superar la falta de entrega de medicamentos y garantizar la atención primaria integral.
Igualmente propone crear mecanismos de seguimiento periódico a la dispensación en el nivel territorial, reducir barreras administrativas y fortalecer tanto la rectoría y gobernanza, como la vigilancia sobre decisiones que pongan en riesgo la cadena de suministro de medicamentos y de prestación de servicios.
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“Respecto del problema de acceso a medicamentos de alto costo y para enfermedades huérfanas, este implica un abordaje independiente con una coordinación institucional más robusta, para superar el desorden en la entrada al mercado de los medicamentos y preferir la selección de centros de excelencia integrados a redes de prestación de servicios”, enfatizó.
En las recomendaciones estructurales, la Defensoría del Pueblo aseguró que es necesaria una “reforma al sistema de salud consensuada, en cumplimiento a las recomendaciones que recientemente ha formulado el Comité DESC en salud”.
Detalló que esto implica una serie de garantías de suficiencia presupuestaria, inclusión de sujetos de especial protección, la eficiencia en el deber de fiscalización del Estado, los enfoques territoriales y la salud mental.
De igual manera llamó la atención sobre la necesidad de “avanzar en un sistema de salud que incorpore enfoques diferenciales”: de género, étnico y rural y sobre salud mental, para una salud integral.
La insuficiencia de la UPC
La entidad del Ministerio Público abre un capítulo aparte sobre la insuficiencia de los recursos que el gobierno del presidente Gustavo Petro gira a las EPS.
“Aunque Minsalud y la Adres señalan que existen recursos suficientes, los actores del sistema cuestionan que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no cubre ni las obligaciones pendientes, ni las necesidades reales de salud de la población”, se lee.
Recuerda en este sentido que en enero de 2025, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general en relación con la suficiencia de la UPC.
Como producto de estas consideraciones, la Sala ordenó al Minsalud la conformación de mesas de trabajo para revisar la UPC 2024 y reajustar la metodología del cálculo que tuviese en cuenta la inclusión de tecnologías, procedimientos, y la inclusión de ajustadores de riesgo ex post.
Y coincidió la Defensoría con el máximo tribunal guardián de la Carta Magna que “es la misma administración (gubernamental) quien tiene la obligación de aplicar los correctivos para garantizar un proceso de asignación de recursos que se ajuste a los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado desde 2008”.
