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Desde su creación en 1950 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, una entidad que no necesita de mayor aprobación de sus funciones por parte del Congreso norteamericano, ha penalizado a varios líderes políticos de latinoamérica por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

La penalización más mediática, hasta ahora, además de la presidente colombiano Gustavo Petro, fue del presidente venezolano Nicolás Maduro por quien Washington ofrece una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena.

Maduro fue sancionado en 2017 por “establecer una ruptura del orden constitucional y democrático” en Venezuela, en particular tras la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que, según EE.UU., representaba un usurpamiento del poder legislativo. Decenas de funcionarios del régimen también han sido incluidos en la Lista Clinton.

Además, en 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, ya Hugo Adalberto Velázquez Moreno, por su participación en la corrupción rampante que socava las instituciones democráticas en Paraguay.

Por otro lado, en 2021, Estados Unidos lanzó una ronda de sanciones contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por atacar los derechos humanos y ser “cómplices en la explotación de migrantes”.

En su momento, altos funcionarios de la Casa Blanca informaron en una llamada con prensa que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Gobierno de Nicaragua y a sus familiares.

Cabe recordar que en los años 90 Estados Unidos canceló el visado al presidente colombiano Ernesto Samper por “participar a conciencia en negociaciones con el narcotráfico”. Sin embargo, nunca fue incluido oficialmente en el listado.

“Hay certeza de que ingresaron dinero del narcotráfico en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el Gobierno colombiano. Samper no es bienvenido en EE UU”, dijo en ese momento Nicholas Burns, portavoz del Departamento de Estado, al anunciar la medida en una conferencia de prensa en Washington.