Un lujoso inmueble de tres pisos, con piscina, Jacuzzi y parqueaderos, fue hallado en medio de una reserva natural en el corregimiento Golondrinas, al norte de Cali. La edificación, que ocupa unos 1.200 metros cuadrados, hace parte de un territorio público de cerca de 50.000 metros, según el expediente oficial.
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Tras varios meses de seguimiento, el pasado 17 de septiembre se llevó a cabo un operativo de desalojo que abrió el debate sobre la ocupación irregular ambientales en la defensa de los recursos naturales. Durante sobrevuelos de inspección se evidenciaron los techos de la mansión en medio de la selva, lo que confirmó el avance de la obra en la zona.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reactivó el proceso de recuperación del predio, alegando que se trata de un bien de dominio público. En el momento del procedimiento, la construcción estaba en fase de acabados, según información conocida por El Tiempo.
De acuerdo con documentos oficiales, detrás del proyecto aparece el empresario Mariano Andrés Betancur Álvarez y su hermano, vinculados al sector minero y representante de la empresa Carbonera Central del Valle S.A.S., que reporta activos superiores a 1.500 millones de pesos. Betancur también figura en compañías de transporte y carbón, una de ellas actualmente en liquidación.
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Betancur relató que el operativo realizado el 17 de septiembre, se se llevó a cabo cuando sus hijos menores estaban en el lugar, y denunció que no les permitieron retirar pertenencias personales. “Nos han violado nuestros derechos y no nos han dejado sacar ni siquiera la ropa o las cosas. Nos han tratado de invasores y eso no es cierto”, expresó.
En declaraciones a El Tiempo, Betancur rechazó el desalojo, calificándolo como una decisión política. Según él, un juez había ratificado la “sana posesión” del predio desde hace más de tres décadas, y aseguró que la orden del inspector desconoció ese fallo. Denunció además que durante el operativo se encontraba con sus hijos menores y que no se le permitió retirar pertenencias personales.
El empresario sostiene que recibió el predio por cesión en 2018 y que no ha cometido irregularidades. Aseguró, incluso, que fue detenido el día del desalojo, aunque recuperó la libertad poco después al no hallarse motivos para su captura.
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Actualmente, Betancur ha interpuesto tutelas y quejas ante la Procuraduría buscando frenar las actuaciones en su contra. No obstante, varios jueces han señalado que algunas de estas acciones serían intentos de dilatar el proceso.
