Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, le envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicitándole que se replantee la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en los procesos contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
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Se trata de un oficio de cinco páginas en las cuales la defensa de Nicolás Petro cuestiona que Laborde se haya quejado ante Camargo por las decisiones de la Fiscalía en referencia a los procesos que se llevan a cabo en contra de Petro Burgos, por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y otros delitos.
Hay que recordar que Laborde aseguró que se sentía afectada en cuanto a su independencia y autonomía por la decisión de asignarle una fiscal de apoyo cuando no lo había solicitado.
“Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional. Una cortina que pretende sofocar a las autoridades encargadas de escrutar sus actuaciones, para que no puedan ver lo que realmente se cocina en despachos que, en vez de estar consagrados a la persecución del delito y a la protección de las víctimas, parecen orientados a salvaguardar intereses particulares y a preservar testigos a cualquier precio”, se lee en parte de la carta de Carranza.
“Recibió apoyo técnico para enderezar una investigación desordenada tras varias audiencias fallidas. Entonces lo presentó como un alivio; hoy lo invoca como intromisión. La contradicción es clara: no se trata de autonomía desconocida, sino de un intento de convertirla en excusa para encubrir errores ya consumados”, se agrega en la misiva del abogado de Nicolás Petro.
Respecto a la solicitud de replantear la presencia de Laborde en los casos contra Petro Burgos, Carranza dice que “si lo que ella (Laborde) invoca es la protección de su independencia, esa independencia debe asegurarse de manera coherente: que continúe únicamente en el caso de enriquecimiento y lavado, pero que cualquier otra investigación sea asumida por otros fiscales. De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura (Ojeda) para asegurar impunidad a Dayssuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes. Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.
También detalla: “En el caso de Laura Ojeda, la actuación es opuesta. Allí la fiscal usa su cargo para blindar a Dayssuris y procurar su impunidad. La víctima es desprotegida y revictimizada, mientras la funcionaria dilata la investigación para evitar que prospere una condena que derrumbaría la utilidad de su testigo estrella (...) Ahí están las investigaciones por fraude procesal y violación de datos, sin avances. Ahí reposan las compulsas de copias dictadas por jueces, sin resultados. Ahí están las denuncias por filtraciones de audiencias y por ocultamiento de bienes, sin movimiento alguno.”
Carranza, en el escrito, también solicita que se le revoque el principio de oportunidad que le fue entregado a Day Vásquez por la Fiscalía.
