Desde distintos sectores se ha advertido de la latente posibilidad de que Estados Unidos, por tercera vez en la historia, descertifique a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico; por eso se intensificó esta semana la ofensiva diplomática y castrense oficial en Washington con parte de la cúpula militar y de policía y la propuesta del presidente Gustavo Petro de volver a la constitucionalmente prohibida fumigación con glifosato en cultivos ilícitos de zonas donde se agreda a la fuerza pública que adelanta labores de erradicación manual.
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Todo esto, además, en medio de la arremetida arancelaria y de disminución de gasto del segundo gobierno del republicano Donald Trump y de los roces diplomáticos de las casas de Nariño y Blanca este año por los migrantes y el complot golpista, principalmente.
La certificación es un mecanismo unilateral que califica desde 1986 la cooperación antidrogas con otros países y del que dependen los montos de asistencia económica, técnica y de seguridad y la restricción de créditos y comercio, congelamiento de activos e imposición de sanciones, con efectos en riesgo país, inversión, empleo, turismo y desarrollo social.
Las sanciones
La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, explicó en un informe al respecto los escenarios de descertificación que hay. El mejor es en el que se otorga una exención por interés nacional o ‘waiver’ a un país que no cumple plenamente, pero cuya cooperación se considera vital para los intereses estadounidenses.
También está el escenario de las sanciones intermedias con restricciones parciales o suspensión de programas específicos, sin cortar completamente la asistencia. O sea, hay suspensión parcial de cooperación, como formación en seguridad y asistencia técnica; restricción de acceso a financiamiento o comercio; retiro de apoyo diplomático en foros multilaterales; daño reputacional que afecta inversión extranjera; y vigilancia reforzada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP.
Y está el peor, que es el de las sanciones severas, con aplicación de medidas de mayor impacto para limitar la cooperación económica, militar y comercial, restringir el financiamiento internacional y aumentar el aislamiento del país, que contiene la suspensión total de asistencia económica y militar no humanitaria, el voto negativo a préstamos en Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, FMI, u otros organismos; establecimiento de aranceles o suspensión de beneficios comerciales, como el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, y los acuerdos bilaterales; inclusión en listas restrictivas como la OFAC y la Lista Clinton o SDNT; y congelamiento de activos y restricciones financieras y comerciales, como la OFAC y Ia Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, Ieepa.
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¿Por qué el riesgo?
AmCham señala que son cinco los criterios que tiene en cuenta la Casa Blanca en materia de certificación.
En el primero, de reducción de cultivos ilícitos, señala que en 2023 se registraron 252.572 hectáreas de coca, con un incremento del 9,8% frente a 2022 y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, equivalente a un aumento del 53% respecto al año anterior. Por ello, se considera que habría “una calificación crítica de 0,5–1,0 sobre 5”.
El segundo, de interdicción y control del tráfico, sostiene que “en 2024 se incautaron 960 toneladas de cocaína, un récord histórico”, pero el puntaje estaría ”en un rango intermedio de 3,0–3,5 sobre 5, correspondiente a un cumplimiento moderado”.
En extradiciones y justicia, el tercer criterio, se lee que se refleja una calificación de 3,5–4,0 sobre 5. En el cuarto, compromisos internacionales, alcanza un puntaje de 4,0–4,5 sobre 5. Y el quinto, de voluntad política, se indica que “esta dimensión recibe un puntaje de 2,0–2,5 sobre 5”.
En conclusión, de acuerdo con el informe, “el Índice de Cumplimiento Compuesto se ubica en un rango de 0,345–0,445 (34,5 %–44,5 %), lo que representa un nivel bajo de desempeño y se traduce en una probabilidad de descertificación estimada entre 55% y 70%”.
En la era Samper
Colombia fue certificada entre 1987 y 1994, pero desde 1995 el país ha sido descertificado en dos oportunidades: en 1995, el gobierno de Ernesto Samper recibió de parte del gobierno de Bill Clinton una exención de interés nacional por su falta de cooperación; en 1996 fue descertificado plenamente por no colaborar y en 1997 volvió a ser descertificado.
En 1995 hubo presión diplomática, en 1996 se dio la revocatoria de visas y empezó el aislamiento internacional al gobierno Samper y en 1997 sí hubo medidas económicas y promoción del ostracismo de Colombia en el mundo. Según AmCham, entre 1996 y 1997 hubo suspensión de aproximadamente 35 millones de dólares en asistencia: 30 millones en financiamiento militar extranjero, 1,4 millones en educación y entrenamiento militar internacional y 3,6 millones en asistencia técnica y fondo de narcóticos.
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“Ideología no rentable”
Vicente Torrijos, profesor de ciencia política, comentó en EL HERALDO que “en vez de mantener la certificación como tendencia natural de varias décadas, el país se ve ahora afanosamente abocado a evitar la descertificación. Esta disfunción solo puede explicarse en función de varios escenarios concurrentes, entre los que la proliferación de cultivos ilícitos es apenas uno más”.
De hecho, agrega el experto en temas internacionales y defensa, “ha habido disonancias diplomáticas que han afectado la relación bilateral, debates ideológicos no siempre rentables”, por lo que plantea un reajuste de las relaciones bilaterales “mediante un triángulo sereno y armonioso compuesto por el prestigio del Sector Defensa, la diplomacia presidencial propiamente dicha y el liderazgo gremial, que parece mucho más sólido que el de la propia Cancillería”.
“Más política que técnica”
El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de la Universidad Militar, Néstor Rosanía, explicó en EL HERALDO que “esto responde es a un tema de buenas relaciones entre Colombia y Estados Unidos y no realmente a unos resultados técnicos frente a la lucha contra el narcotráfico: cuando comienza el Plan Colombia en 1998, el país tenía 170 mil hectáreas de hoja de coca y hoy tiene más de 230 mil, pero ha sido un proceso de crecimiento durante todos los gobiernos; por ejemplo, en el de Andrés Pastrana o en el de Iván Duque, y en una parte del de Álvaro Uribe, crecían los cultivos, pero se certificaba a Colombia”.
Y concluye el catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que “la descertificación está más cerca en el gobierno Trump, porque (...) su forma de gobierno es una disuasión dura, agresiva y es presionar al máximo para intentar conseguir resultados”, pero advierte que sí “habría menos recursos para la lucha contra las drogas en Colombia, que se ve materializado en horas de vuelo, en capacidad, en entrenamiento, porque las Fuerzas Militares y la Policía han sido dependientes de la ayuda norteamericana”.
Gobierno pide a la Corte una sentencia interpretativa sobre el glifosato
Luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera hace algunos días volver al uso del glifosato en cultivos ilícitos cerca de poblaciones que agredan a la fuerza pública durante las labores de erradicación manual, lo que fue leído en clave de la posible decisión de descertificación en la lucha antidrogas que podría emitir Estados Unidos hasta este lunes –pues tal práctica está prohibida desde 2017 por la Corte Constitucional y además el propio mandatario ha sido un crítico de la aspersión–, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dijo que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional una sentencia interpretativa que permita reabrir el debate.
Montealegre, expresidente de la Corte, dijo que la figura de la sentencia interpretativa es un mecanismo previsto en el reglamento del alto tribunal, pero reconoció que nunca se ha aplicado hasta ahora y que esta herramienta le permitiría a la Corte emitir directrices generales sobre la interpretación de la ley y modularla.
Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, reiteró un llamado al Gobierno para que se mantenga la ruta de sustitución de cultivos ilícitos contemplada en el acuerdo de paz, en lugar de evaluar nuevamente la aspersión aérea con glifosato: “Ha habido un crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a muchos factores, entre ellos, el incumplimiento del acuerdo final de paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Y, agregó, el incremento también tiene que ver con la pobreza y la poca presencia estatal.
