Ad portas de la decisión que tome Estados Unidos frente a si mantener o no la certificación antidrogas a Colombia, el Gobierno nacional, a través de la canciller Rosa Villavicencio, dejó clara su postura.
En una rueda de prensa, la ministra destacó las tareas que ha hecho el Gobierno para erradicar la problemática de drogas, que no solo afecta a Colombia sino al resto de la región.
“Nosotros tenemos que decir alto y claro que hemos hecho las tareas, que tenemos una política holística, integral, multisectorial, intersectorial y que tenemos resultados más que evidentes. En el 2004 alcanzamos un récord histórico, 884 toneladas de cocaína incautadas, mucho más que en el 2016(...) Desde ese punto de vista de la interdicción, de la persecución a las mafias, de la extradición, tenemos resultados más que de sobra de lo que se había hecho casi históricamente”, señaló la canciller Villavicencio en rueda de prensa.
Señaló que mantener la certificación “es una decisión política y eso le corresponde a Estados Unidos porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo”.
Sin embargo, aseveró que la administración de Donald Trump debería revisar el tema con “objetividad”.
“Si se mira desde lo objetivo, desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, desde el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares, pues lo justo sería mantener la situación de la certificación y esperamos que eso se mire con esa objetividad”, explicó.
De lo contrario, según la canciller, una descertificación “perjudicaría al país y no estaría ayudándolo si la idea es seguir ayudando y seguir colaborando para que este flagelo de las drogas pueda terminar y pueda darse la continuidad en las políticas acertadas que estamos haciendo”.
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Riesgos de la descertificación
Recientemente, un estudio de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que la descertificación tendría “repercusiones profundas en la cooperación bilateral, el comercio, el turismo y la inversión”, pero insiste en el “margen de acción” para “mostrar resultados concretos” antes del 15 de septiembre, cuando está previsto que EE.UU. divulgue la lista anual de países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico.
“En reducción de cultivos ilícitos, el desempeño es crítico”, señala el estudio, pues en 2023 había en Colombia 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, “y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura”, lo que supone un aumento del 53 % respecto al año anterior.
El estudio añade que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos “cayó a mínimos históricos, con apenas 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000”. Ante estas desalentadoras cifras existe la posibilidad de que Colombia pierda la certificación lo que significa dejar de recibir asistencia económica de Estados Unidos para combatir las economías ilegales.
El país podría recibir sanciones intermedias, como bloqueos en los organismos multilaterales, suspensión parcial de la cooperación bilateral o restricción de acceso a financiamiento.
Sin embargo, si existe una descertificación plena, y las sanciones podrían ser más severas, como la imposición de aranceles invocando la seguridad nacional, e incluso una elevación del nivel de alerta de viaje al país, lo que tendría un efecto muy grave para el turismo.
