Militarización de la frontera: ¿una afrenta a EE. UU.?

En medio de la advertencia del gobierno estadounidense de Donald Trump en el mar Caribe desde hace un par de semanas con buques de guerra y miles de efectivos, el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que dispondría 15 mil uniformados hacia la frontera con Colombia y el presidente Gustavo Petro, posteriormente, hizo lo propio esta semana, cifrando el despliegue en 25 mil hombres, lo que luego fue aclarado el viernes por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseverando que no había un incremento del pie de fuerza en la línea limítrofe, sino que se trataba de un “fortalecimiento de las capacidades”.

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EL HERALDO consultó analistas de seguridad e internacionalistas para entender las implicaciones de dichos anuncios de Maduro y Petro en medio de la presencia militar ordenada por el presidente de Estados Unidos cerca de Venezuela, a cuyo gobierno acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, que a su vez enlaza con grupos ilegales colombianos en actividades de narcotráfico, pese a que Petro asevera que dicha organización no existe.

“A raíz del ataque criminal del cartel del ELN en el Catatumbo, en enero del 2025, se incrementó el pie de fuerza y las capacidades de la fuerza pública en esta zona de frontera, atendiendo la grave perturbación del orden público y las instrucciones emitidas por el señor presidente. Estas capacidades se han fortalecido y seguirán fortaleciéndose aún más, especialmente en antidrones, drones, blindados y pie de fuerza, producto de los recursos del decreto de conmoción interior y otros recursos, para proteger a la población civil y neutralizar los carteles del ELN y las disidencias de la Estructura 33 que delinquen en la zona”, fue la precisión que hizo el jefe de la cartera de seguridad colombiano.

“Donde haya criminales, siempre se desplegarán las Fuerzas Militares y la Policía. Por ello, siempre ha existido presencia militar y policial en frontera y demás lugares del país donde ha sido alterado el orden público por los enemigos de la paz y la vida. Los canales diplomáticos de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Venezolana, que incluye una comisión de seguridad y defensa, están activados y contribuirán a combatir las amenazas como el cartel del ELN y las disidencias criminales, que no reconocen fronteras, pues los motiva su ambición de las drogas y la minería ilegal. Cada nación es autónoma en emplear sus fuerzas armadas para combatir las amenazas, respetando siempre la soberanía y acorde a los tratados internacionales”, dijo Sánchez.

Mientras tanto, la segunda etapa del alistamiento de milicianos comenzó también el viernes en Venezuela para “la defensa del país ante las amenazas de Estados Unidos y sus acciones hostiles”.

Según Caracas, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, en un proceso que forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el planteamiento de EE. UU. del despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico. Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

Además del alistamiento, Venezuela también lleva a cabo, según anunciaron las autoridades, un despliegue de buques de “mayor porte” en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de los 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Maduro agradeció el jueves a Petro: “Quiero agradecer al presidente de Colombia (...). Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano”.

Y Petro señaló ese mismo jueves que Colombia tiene 25.000 soldados en la región: “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

Al respecto de los anuncios, el coronel (r) del Ejército, José Espejo, experto en derecho internacional de conflictos armados, cuestionó en EL HERALDO: “¿Por qué en una frontera tan porosa como es la colombo-venezolana, donde hay un tránsito importante de grupos al margen de la ley, ELN, FARC y bandas criminales, hasta ahora estos dos personajes hablan de hacer un control de las mafias del narcotráfico en el sector? Qué curioso que suceda esto cuando se da el proceso que está realizando Estados Unidos, cuando se habla abiertamente de que el Cartel de los Soles, que no es un concepto nuevo, de esto se viene hablando hace más o menos unos ocho años, está liderado por Maduro y su séquito en el poder”.

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Y agregó el experto: “Recordemos que el ELN transita de un lado a otro, que las disidencias transitan de un lado a otro, entonces muy curiosa esta seudoalianza entre Venezuela y Colombia, y dudo mucho que hayan mandado 25 mil soldados a la frontera colombiana; yo creo que eso es más un anuncio de números, de aspavientos, una cortina de humo, pero realmente que haya movimiento de tropas no lo creo: por lo que yo conozco, por lo que me he enterado, no se ha movido un solo soldado diferente a los que siempre están en esa zona”.

El doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, César Niño, comentó en EL HERALDO que “hay que entender que la hipótesis de una incursión armada estadounidense sobre el territorio venezolano aún no es de una u otra manera tan evidente y eso lleva a que se sospechen muchos elementos y se construyan narrativas que pueden ser peligrosas, por ejemplo como la combinación de las fuerzas militares colombianas y las venezolanas, eso llevaría a una gran preocupación de coordinación con los ejércitos y que llevaría sin duda alguna a algún proceso de investigaciones sobre la toma de decisiones al respecto: lo digo porque si somos lo suficientemente realistas el ejército de Nicolás Maduro ha sido calificado como un ejército narcotraficante, y eso llevaría a pensar que Colombia estaría coordinando esfuerzos para apoyar a un ejército que no tiene la legitimidad internacional”.

Por ello, concluye, “es una buena oportunidad para que la administración Petro haga de la situación y de la crisis un viraje o mande un timonazo para tal vez reconstruir la confianza que se ha perdido en materia de seguridad y de política exterior con Washington, porque estamos a punto de entrar en un periodo de certificación y eso no va a caer nada bien”.

El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de la Universidad Militar Nueva Granada, Néstor Rosanía, explicó en EL HERALDO que “la acción de Estados Unidos de poner el Iwo Jima, los destructores y los submarinos es lo que se conoce en teoría de la guerra como la diplomacia cañonera, que es que a través de la fuerza naval se manda un mensaje disuasivo, pero de ahí a que haya un desembarco de tropas de infantería, de una acción de ocupación, pues hay mucha distancia”.

Lo segundo, observa el profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “es que Estados Unidos es el menos interesado en acciones de infantería en el terreno después de Irak y Afganistán, y todos los gobiernos, incluso el mismo Trump, que fue el que negoció con los talibanes, han intentado cerrar frentes de batalla y no abrirlos”.

Y lo tercero, advirtió, es que “en una hipótesis de guerra, que Estados Unidos invadiera a Venezuela, Colombia sería el primer perjudicado porque el sistema sanitario de salud y servicios médicos del país colapsaría al volumen de la llegada de venezolanos en una inmigración masiva ante una agresión”.

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Puntualizó en este sentido Rosanía que lo de la frontera se da por un tema coyuntural, “pero en teoría termina de alguna manera siendo bueno en el sentido de que haya presencia del Estado en esas fronteras que manejan los grupos armados ilegales: eso es tierra de nadie, uno ve cada mucho un puestico de infantería (...), entonces lo que están haciendo por disuasión hacia Estados Unidos en la vía práctica y real es llegar a esos territorios donde el Estado nunca está”.

La Corte Constitucional admitió el pasado martes una demanda contra la creación de la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela, interpuesta por un ciudadano que argumenta que lo acordado es un tratado internacional que para poder entrar en vigor debía ser aprobado antes por el Congreso. En julio pasado se firmó este acuerdo para crear la zona en la frontera, que establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, con una vigencia de cinco años para el comercio, y proyectos sociales y de infraestructura.

Sobre lo que sucede en Venezuela, un grupo de expresidentes y líderes conservadores iberoamericanos celebró el pasado lunes la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles –vinculado por Washington con el Gobierno de Maduro– como organización terrorista. Los líderes y exmandatarios, organizados bajo el Grupo Libertad y Democracia, se refirieron al Cartel de los Soles como un “entramado criminal que ha brindado amparo” a la guerrilla del ELN, a la que se le atribuye “una escalada terrorista en Colombia”.

Además, los exmandatarios afirmaron en un comunicado que el cartel “ha protegido y promovido la expansión del grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró también el pasado lunes que “no existe” el Cartel de los Soles. “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

Agregó en este sentido el jefe de Estado que “el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”. Según el presidente colombiano, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.