El Colegio Colombiano de Juristas expresó este viernes su “preocupación por los alcances y efectos” de la sentencia de primera instancia en la que el expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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Así lo manifestó la institución en un comunicado en el que fija su posición sobre el fallo en tanto que “plantea serios interrogantes de relevancia constitucional sobre la observancia de garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho”.
Además de la prisión domiciliaria, la jueza Sandra Heredia también le impuso al fundador del partido opositor Centro Democrático la inhabilidad para ocupar cargos públicos y el pago de una multa de 2.420 salarios mínimos.
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“En el caso examinado, preocupa de manera especial la afectación de derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad”, puntualizó la información.
El Colegio remarcó que “el secreto profesional que ampara la relación abogado-cliente no es un privilegio, sino una garantía de toda persona a una defensa libre, eficaz e independiente”.
En el proceso, recordó el Colegio, la Procuraduría advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones “vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica”.
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“Su desconocimiento constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales y atenta contra la esencia misma de nuestra profesión”, aseguró el Colegio.
Fallo extenso
Igualmente, cuestionan el fallo -de más de mil páginas- porque “plantea un problema de proporcionalidad y eficacia en la motivación judicial”, al tiempo que recalcan que “la claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios; integran el debido proceso y el principio de publicidad, pues permiten a las partes y a sus defensores ejercer cabalmente los recursos y derechos que la ley les reconoce”.
La jueza amplió hoy en dos días, hasta el 13 de agosto, el plazo para que la defensa del expresidente Uribe (2002-2010) presente la apelación de la condena.
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Heredia tomó la decisión atendiendo parcialmente a una petición que le hizo el abogado de Uribe, Jaime Granados, de que se le concediera a la defensa cinco días más de plazo para estudiar el sumario de 1.114 páginas con el que la jueza sustentó la condena.
Por estas razones, el Colegio Colombiano de Juristas confía en que la segunda instancia valorará los hechos y las denuncias sobre posibles vulneraciones de garantías fundamentales.
“Confiamos en que, en estricto apego a la Constitución, a la ley y a los estándares internacionales, se revisen las pruebas y actuaciones que puedan haberse obtenido o practicado con desconocimiento de derechos, y se restablezca la integridad del proceso”, aseguró el Colegio.
