Luego de que el Tribunal Supremo de Portugal ratificara la extradición de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como el ‘zar del contrabando, y negara la solicitud de libertad presentada por su defensa, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que Marín Buitrago será llamado a juicio.
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De acuerdo con la jefe del ente acusador, ya se radicó el escrito de acusación en contra del ‘zar del contrabando’ por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Esto ocurre tras las decisiones del tribunal de Portugal.
Así mismo, Camargo señaló que el tribunal otorgó un plazo de 20 días “para que la autoridad administrativa que está viendo la solicitud de asilo decida sobre el particular, lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”.
En su momento, el tribunal de Portugal manifestó que el pedido hecho por la justicia colombiana se ajusta a las normativas legales que mantienen ambas naciones culminando así un proceso que había estado estancado.
Así las cosas, el también llamado ‘Zar del contrabando’ deberá responder en Colombia por los delitos de contrabando, lavado de activos, corrupción y concierto para delinquir.
Ante todo esto, el exfiscal Mario Iguarán, abogado defensor de Diego Marín, respondió que de parte del hoy detenido en Portugal está dispuesto a acercarse a la justicia colombiana para colaborar.
“La señora fiscal nos ilustró que cuando se trata del principio de oportunidad, si son las cabezas de una supuesta organización, respecto a ello no procede el principio de oportunidad. Pero eso nos indica que el día de mañana puedan hacer unas valoraciones importantes frente a lo que vaya mostrando la investigación”, dijo Iguarán en su momento.
Argumentos de la Fiscalía
El ente acusador señaló que los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
