El defensor del pueblo, Carlos Camargo, emitió una nueva alerta temprana, la 039 del 2023, que revela que el accionar violento de los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales tiene a los habitantes de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, inmersos en una situación de afectación a sus derechos humanos.
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Indica en este sentido el reporte que en el distrito portuario, de aproximadamente 310.0000 habitantes, hacen presencia el Estado Mayor Central, con su frente Jaime Martínez, y la Segunda Marquetalia (los dos, grupos disidentes de las Farc), el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y las bandas delincuenciales conocidas como ‘Los Espartanos’, ‘Shottas’ y ‘La Empresa’, a las que se suman nuevas organizaciones delincuenciales: ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva Generación’.
'Nuestra recién emitida alerta temprana determinó que en 112 de los 136 barrios que tiene Buenaventura, es decir, en el 82% del territorio de los bonaverenses, hay presencia de actores armados ilegales o delincuenciales. Esta situación genera una grave afectación a los derechos humanos, ya que la población está completamente expuesta a la violencia generada por esos grupos', explicó el jefe del organismo del Ministerio Público.
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Alertó además que la comuna 12, la cual tiene tanto zona rural como urbana, es la que presenta mayor complejidad, pues allí tienen asiento prácticamente todos los grupos criminales. Y la razón es que el lugar es un corredor estratégico, por su ubicación y características, que permite el auge de rentas ilícitas.
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Al respecto explicó Camargo Assis que 'hay afectaciones al derecho a la movilidad de la población, pues en el territorio hay fronteras invisibles; además, ha habido homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Estos grupos, dependiendo de sus intereses, hacen alianzas entre ellos o se enfrentan para tener el control territorial y social, con el propósito de asegurar sus economías ilegales'.
La Defensoría señaló además que se estima que las extorsiones generan una renta mensual de aproximadamente 2.300 millones de pesos. A pesar del monto, las denuncias solamente alcanzan el 3 % de los casos. Y también se tiene un total de 45.000 personas desplazadas, 54 homicidios y 25 desapariciones forzadas es el crudo panorama registrado en la ciudad del puerto del Pacífico colombiano entre el 2022 y lo que va del 2023.
