¿La expansión territorial de los grupos armados es por la paz total?

Luego de que desde el Congreso se alertara acerca de que la expansión territorial de los grupos armados ilegales ha aumentado un 20 % durante el gobierno de Gustavo Petro, pese a la paz total, los diálogos y los ceses al fuego, en la opinión pública asaltan las preguntas de si entonces este fenómeno, que lleva consigo los episodios de violencia y delincuencia propios de las dinámicas del conflicto y el narcotráfico, se está dando a raíz precisamente de esta política.

De acuerdo con los más recientes informes sobre la paz y la guerra en el país, emitidos por la OEA y Amnistía Internacional, algunas afectaciones y delitos han bajado, así como se han visto beneficiadas algunas zonas, pero otros flagelos han empeorado y ciertos territorios se han mantenido bajo el yugo de las balas. Por ello EL HERALDO consultó a expertos en seguridad para conocer sus lecturas sobre lo que sucede.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, advirtió esta semana que 'los grupos armados se han expandido un 20 % durante el gobierno de Petro'. Así lo concluyó 'luego de revisar cerca de 50 informes de Indepaz, Pares, MOE, ONU, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo'.

El ELN, afirma, aumentó su presencia en el territorio en 17,5 %, ocupando casi el 20 % del país en 215 municipios con 6.100 integrantes; el Clan del Golfo subió un 12 % su expansión en 270 municipios, con una presencia en el 24 % del país, especialmente en el Caribe y el Pacífico; las Autodefensas de la Sierra Nevada, con 1.100 integrantes, controlan totalmente el Magdalena, y el Estado Mayor Central, EMC, aumentó su presencia un 39,5 %, ocupando casi el 15 % del país en 166 municipios, con 3.480 integrantes.

También esta semana la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) presentó su informe número 35, que abarcó el primer semestre de este año. En el documento se destaca que en el primer año de Petro la política de paz total 'avanzó significativamente en la búsqueda de soluciones al conflicto'.

Y aunque indica que las estadísticas oficiales reportaron una disminución del 58 % en los eventos de desplazamiento forzado masivo y del 3 % en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado, en contraste 'hubo un incremento del 17 % en el número de casos de masacres acontecidas entre enero y junio del año en curso frente a las cifras reportadas entre estos meses del 2022'.

Frente a la expansión territorial de los grupos, se lee que en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca continuaron las confrontaciones entre distintos grupos armados ilegales; en Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander estos grupos siguen desarrollando acciones de control sobre la población civil; y en Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta los grupos utilizaron publicidad, coaccionaron y amenazaron a la población civil con el fin de obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno.

Algunos grupos 'sostuvieron acciones ofensivas contra la fuerza pública' en Norte de Santander y en Arauca. Y durante los ceses 'sostuvieron confrontaciones armadas entre ellos que ocasionaron el desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades étnicas en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca'.

'El Gobierno avanzó en los acercamientos con varios grupos en Quibdó, Buenaventura, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá para explorar un sometimiento negociado', indica la OEA, agregando que entre enero y marzo, tras los acercamientos con el Gobierno, 'hubo una disminución del 24 % de los homicidios, tendencia revertida entre abril y junio con una escalada de esta afectación como consecuencia de la desaparición y posterior homicidio de uno de los delegados de estos grupos'.

En cuanto al flagelo de los crímenes de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, Amnistía Internacional publicó esta semana su investigación 'Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa', que advierte que 'entre 2020 y 2023 hemos observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país'.

Recoge aquí un reporte de 2023 del Programa Somos Defensores, que indica que 199 personas defensoras fueron asesinadas en 2020; 139 en 2021, y 197 en 2022. Y a septiembre de 2023, Indepaz documentó el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de derechos humanos, 'una cifra alarmante'.

Agrega la organización que mientras que para el período comprendido entre 2020 y julio de 2022, con el expresidente Iván Duque, verificó 'la continuidad de medidas fuertemente cuestionadas y su falta de resultados concretos, a partir de agosto de 2022, con la llegada de Petro a la Presidencia, identificó la adopción de cursos de acción tendientes a reconocer la urgencia de la situación y actuar a corto, mediano y largo plazo'.

Sin embargo, concluye, las medidas de emergencia adoptadas por Petro no tuvieron el efecto deseado y la violencia contra los defensores se mantuvo y, durante algunos meses, aumentó.

Estos crímenes, vistos con el lente de la expansión territorial de los grupos armados ilegales, cita Amnistía Internacional, arrojan que en el 2022 la distribución territorial de asesinatos de defensores de derechos humanos fue similar a 2020 y 2021: 'La preeminencia de departamentos como Cauca y Antioquia, así como la permanencia de la violencia en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador (Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Arauca) dejan clara la permanencia del fenómeno y la afectación de ciertas zonas.

Y observa que a 31 de julio de 2023 hubo una disminución pequeña en el asesinato de personas defensoras si se compara el primer año de Duque con el de Petro: 'Mientras en el gobierno Duque fueron asesinadas 187 personas defensoras durante el primer año, en el gobierno Petro fueron asesinadas 167, una reducción aproximada del 10 % de casos'.

Finalmente, advierte que en cuanto a márgenes de impunidad al respecto, 'del total de casos de homicidio que ha recibido la Fiscalía, solo hay avances reportados en el 58,8 % de los casos (458 entre 779). Pero, además, entre esos solo el 22,1 % cuentan con sentencia condenatoria (101 entre 458) y el 23,8 % apenas se encuentran en etapa de indagación, aunque con orden de captura vigente (109 de 458)'.