Universidades hacen un llamado a preservar el sistema de salud como un 'patrimonio compartido'

A través de un comunicado conjunto emitido este viernes, los rectores de la Corporación Universitaria Lasallista, Universidad CES, Universidad EAFIT, Universidad EIA, Universidad de Medellín, Universidad Nacional – sede Medellín y Universidad Pontificia Bolivariana hicieron un llamado a preservar y fortalecer el sistema de salud como un patrimonio compartido.

'La salud es un derecho humano en Colombia y esto implica que sus servicios deben prestarse de manera oportuna, eficaz y con calidad, para su preservación, mejoramiento y promoción. Así mismo, como servicio público esencial que se organiza de manera descentralizada y con participación de la comunidad, corresponde al Estado establecer las políticas para su prestación, por parte de entidades privadas, y ejercer la debida vigilancia y control. Lo principal es garantizar que todas las personas accedan a servicios que aseguren una salud de calidad', se lee.

Destacan los directivos académicos que en los 30 años que han pasado desde su creación, el sistema de salud ha logrado avances importantes: 'El país ha alcanzado una cobertura casi universal (99,7 % según datos del DANE y el Ministerio de Salud) y los principales logros se evidencian especialmente en las familias de más bajos ingresos'.

Afirman además que durante las últimas dos décadas, la expectativa de vida ha subido más y el índice de muertes evitables ha caído más en Colombia que en el promedio de países de la OCDE (de acuerdo con estadísticas de la misma organización).

'Hemos consolidado un plan de beneficios en salud (PBS) amplio, con más procedimientos y medicamentos cubiertos que la mayoría de los países. Dichos logros se han alcanzado con un alto nivel de eficiencia: según datos reunidos también por la OCDE, el gasto per cápita en salud en Colombia -ajustado por paridad adquisitiva es hoy cercano a los USD 100 mensuales (en EE. UU. es de USD 1.000). De hecho, el gasto a cargo del usuario (gasto de bolsillo) representa hoy el 15 % del gasto total en salud, cuando en 1993 ascendía al 50 %, según cifras del propio Ministerio de Salud', indican los rectores.

No obstante, llaman la atención acerca de que el sistema de salud también enfrenta retos fundamentales, como aspectos de gobernanza y salud pública, siendo visible la necesidad de fortalecer, por ejemplo, la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Igualmente, añaden, apremia cerrar las brechas de talento, especialmente en zonas rurales, y fortalecer tanto las redes como la financiación de la prestación de servicios, por ejemplo de articulación público-privada y por niveles de atención, recursos para salud preventiva, pago por desempeño, entre otros.

'Sin embargo, preocupa la delicada realidad financiera que enfrenta el sistema y sus posibles consecuencias, en términos de una disminución en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Es deber del Gobierno y compromiso de todos los actores del sector contribuir a la superación de esta situación', advierte el documento.

Ponen de presente las universidades en este sentido que la situación actual de liquidez del sistema de salud en Colombia es crítica y pone en riesgo la atención oportuna de los usuarios en los próximos meses. Agregan en este punto que dos instrumentos de financiación que regula el Estado presentan desequilibrios severos: de una parte, la unidad de pago por capitación (UPC) –el valor por afiliado reconocido a la EPS para cubrir el plan de beneficios– ha presentado insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual.

Adicionalmente, el cálculo y el reconocimiento de los presupuestos máximos –para la prestación de servicios y uso de tecnologías de salud no financiadas con recursos de UPC– ha sido deficiente. Sobre esto último, es preciso mencionar que, en 2023 apenas se están reconociendo recursos que corresponden a ajustes por prestaciones de 2021, y están pendientes una gran cantidad de 2022. Preocupa, sobre todo, que el presupuesto de 2023 de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) es inferior en un 50 % a lo que se requeriría para mantener la asignación de presupuestos máximos de 2023 y ponerse al día con los ajustes de 2021 y 2022, dicen.

'El sistema puede enfrentar un retroceso significativo, que impactaría los avances en cobertura y el costo para los usuarios. A las dificultades de liquidez mencionadas se deben sumar las presiones de costos asociadas al envejecimiento de la población, a la mayor demanda de servicios, a la coexistencia de enfermedades no transmisibles y desigualdades sociales, y a la constante ampliación del Plan de Beneficios en Salud. Esto, además de los problemas de selección adversa que se han agudizado en el sistema, recargando los riesgos en aquellos prestadores que son reconocidos por la calidad de su servicio. El efecto conjunto de esos factores pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, y por esa vía, su capacidad de atender adecuadamente la salud de los colombianos', cuestionan los académicos.

Por ello, aseveran que es urgente, como sociedad, hacer un llamado al Gobierno para que cumpla con su obligación de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud.

'Coincidimos en la importancia de hacer una reforma al sistema de salud en Colombia y advertimos la necesidad de que esta garantice la gestión profesional de los riesgos. Hacia el futuro, cualquier cambio o reforma que se implemente para el sistema de salud deberá buscar una debida administración de los riesgos y de sistemas de contratación adecuados, en los que se generen los incentivos correctos para propiciar la eficiencia. También, se deberá garantizar que exista quién articule apropiadamente la red de prestadores de servicios de salud y sea la puerta de entrada al Sistema. Los actores del sistema actual han acumulado gran experiencia, tanto en la gestión del riesgo como en la administración de las redes de servicios', concluyen.

Y, finalmente, ponen de presente que durante el primer semestre de 2023, cifras de la Superintendencia de Salud muestran que las EPS acumularon pérdidas cercanas a $5,6 billones y la cartera en riesgo de las IPS registró niveles preocupantes.