La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que formuló cargos a la exdirectora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau Salazar (2016 – 2017), por presuntamente exceder el porcentaje máximo permitido para la constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2016.
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'La servidora, al parecer, sobrepasó el 15 % que estaba fijado como límite y llegó al 93,71 % constituido, con lo que habría omitido los topes y darle cumplimiento a lo estipulado en el principio de anualidad presupuestal', se lee.
La también ordenadora del gasto, además, posiblemente hizo traslado de los recursos para 2017 y 2018, con lo que pudieron verse afectados sus deberes y obligaciones legales de verificar el cumplimiento de los compromisos suscritos y hacer el seguimiento a los avances de las obras de inversión correspondientes a la planeación de 2016, indicó el Ministerio Público.
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De otro lado, en evaluación a los recursos ejecutados por la Uspec y el Inpec en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país, la Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de $169.000 millones.
Esto al realizar seguimiento a la Sentencia T762 del 2015, para los componentes de infraestructura, salud, alimentación y resocialización, en los 20 establecimientos penitenciarios del país priorizados por la Corte Constitucional en las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario.
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'El hallazgo fiscal de mayor cuantía, por $65.926 millones, corresponde al proyecto de construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal (Antioquia), que nunca se concretó y se convirtió en un elefante blanco', señaló el ente de control fiscal.
Agregó en este sentido la entidad que los servicios de alimentación se prestan a través de operadores que se encuentran en problemas financieros y logísticos para garantizar las condiciones pactadas. Y se observan graves problemas de abastecimiento de materia prima en cárceles como La Modelo, en Bogotá, y Pedregal, en Medellín, con lo que se encuentra en riesgo la seguridad alimentaria de esta población.
