Según el Ministerio Público, el exgerente habría vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia.
La Procuraduría señala a Marlon Amaya Mejía por su presunta responsabilidad en las irregularidades “que generaron retrasos y sobrecostos en el proyecto”.
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas de los investigados como faltas grave y gravísima a título de culpa grave.
La decisión fue tomada por la Comisión de Disciplina Judicial, tras la publicación de los videos del interrogatorio y la captura del hijo del presidente, en poder del fiscal Mario Burgos.
La Procuraduría investiga una adición presupuestal sin justificación.