Por posibles irregularidades en la modificación del presupuesto de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el expresidente de la entidad, Andrés Alberto Ávila Ávila, quien ejerció su cargo de 2020 a 2022.
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De acuerdo al Ministerio Público, Ávila ordenó gastos de funcionamiento, avaló el pago de bonificaciones, autorizó el pago de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otros movimientos en el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco.
Estas modificaciones 'no estaban autorizadas para la vigencia 2022 ni por el Comité Técnico de Frisco, ni del Consejo Nacional de Estupefacientes', aseguró el ente de control mediante un comunicado.
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De igual manera, la Procuraduría a través de la investigación determinará la legitimidad de otros movimientos al interior de la SAE 'debido a que los hechos que motivaron la solicitud del cambio del monto presupuestal autorizado no fueron hechos cumplidos, lo que puede configurar una falta disciplinaria'.
Tras las pesquisas, el organismo se verificará si el accionar del exfuncionario 'es constitutiva de falta disciplinaria; o si se ha actuado o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad'.
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