Paz total: sin brújula, en crisis y duramente criticada

La paz total está cada día más descalabrada. El programa bandera del gobierno de Gustavo Petro ha agonizado de muerte en las últimas semanas por dos razones: la evidente y documentada poca voluntad de acabar de dejar las armas por parte de los grupos armados ilegales y los sendos tiros en los pies que se ha ensartado el mismo Ejecutivo.

El Ejército de Liberación Nacional, el único grupo con que el Gobierno adelanta mesas de paz, ha despachado tres mediáticas y, al mismo tiempo, sangrientas cachetadas al proceso. La organización armada fue el primer grupo de los cinco que desconoció el acuerdo de cese al fuego bilateral con la Casa de Nariño. Posteriormente, a pesar de la continuación de las rondas de diálogo, perpetró una emboscada en el Catatumbo a tropas del Ejército Nacional. En total murieron 10 militares, la mayoría de la región Caribe.

El último palazo a la paz se dio en Tibú, Norte de Santander, luego de que los subordinados del comandante Antonio García atacaran con explosivos a una patrulla de la Policía. En el atentado murieron dos uniformados y una mujer que se movilizaba en una motocicleta.

El ELN se responsabilizó del ataque en plena ronda de diálogos en La Habana, Cuba, pero lo más repudiable –según diferentes líderes de opinión– es que se escudaron en los operativos que adelantan contra ellos las Fuerzas Militares.

En medio de la indignación, Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, terminó de encender la mecha con unas polémicas declaraciones tras asegurar que fue un 'gesto de responsabilidad' que esa guerrilla se haya atribuido el atentado en Norte de Santander.

'¿Cuál comisionado de paz? Danilo Rueda no es más que un cómplice de genocidas. Gustavo Petro y el resto del desgobierno deberían salir a aclarar una pregunta que está rondando entre los colombianos ¿Danilo Rueda pertenece directamente a la narcoguerrilla del ELN? Respondan (sic)', reprochó Enrique Gómez, excandidato presidencial.

En medio de toda esta caótica situación, el Gobierno nacional suspendió de forma unilateral el cese al fuego que se tenía pactado desde diciembre del 2022 con el Estado Mayor Central de las disidencias de Farc, que es liderado por ‘Iván Mordisco’, luego de que se conociera que este grupo habría asesinado a cuatro menores de edad indígenas que intentaron reclutar.

La crisis no para ahí. El Gobierno, además, tiene que lidiar con la incapacidad de controlar al Clan del Golfo, el grupo que domina el narcotráfico, luego de que rompieran lazos tras atribuirles las escaladas de violencia en el paro minero en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba.

En la actualidad, de los cinco grupos con los que el Gobierno anunció el cese al fuego bilateral, tan solo quedan dos: la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las organizaciones más pequeñas en número del país. Sin embargo, las autoridades tampoco han podido mantener a raya a los paras en el Magdalena, que se han expandido y ahora son los responsables de varias matanzas en La Guajira.

Sin embargo, algunas organizaciones respaldan el proyecto del Gobierno. Eso sí, solicitan urgente la retoma de acuerdos con los grupos ilegales y la reactivación de diálogos.

'Que se agilicen los mecanismos necesarios entre las partes para que pueda materializarse el inicio inmediato de la mesa de conversaciones entre Gobierno nacional y EMC Farc-EP. Restablecimiento del cese bilateral al fuego de carácter nacional entre Gobierno nacional y EMC Farc-EP y restitución del mecanismo de verificación y monitoreo con participación de la sociedad', indicó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Nacional.

Además, explicaron que se requiere que las negociaciones en el marco de la mesa establecida entre el ELN y el Gobierno nacional 'se realicen en territorio colombiano, a fin de que se puedan habilitar mecanismos de participación efectiva de la población civil y mostrar avances en materia de cese bilateral al fuego'.

De acuerdo con el Cerac, durante abril aumentaron las acciones y las muertes en acciones de grupos armados que no están en cese; el número de acciones violentas sin atribución a algún grupo se mantuvo en un nivel similar al de marzo, pero las muertes en esas acciones aumentaron.

'Desde el inicio de los ceses al fuego, Cerac ha registrado 36 muertes en 141 violaciones o incumplimientos atribuidos a los grupos en cese', señalaron.

En este sentido, el Clan del Golfo (88 acciones) y los grupos pos Farc Jaime Martínez (20) y Dagoberto Ramos (10) son los grupos armados con el mayor número de violaciones o incumplimientos desde que inició el cese el 1° de enero de 2023.

En este sentido, la ONG Save the Children también pidió al Gobierno que reanude 'inmediatamente' el cese al fuego bilateral en Colombia con el EMC.

La directora de la organización en Colombia, María Paula Martínez, afirmó que 'la paz debe ser restaurada ahora en toda Colombia', ya que 'más niños, niñas y adolescentes perderán la vida si se permite que continúe la violencia', agregando que si el conflicto se agudiza 'los que más sufrirán serán la infancia y las familias de comunidades rurales'.

Las criticas no paran. Los investigadores del conflicto critican –sobre todo– que el Gobierno no tiene una hoja de ruta clara para atender las distintas características de los grupos ilegales.

'Cuando se formalicen las mesas de diálogos con los grupos ilegales de Buenaventura, Medellín, Quibdó, la Segunda Marquetalia y las ACSN ¿como se van a financiar esas estructuras armadas? ¿El Gobierno los subsidiará? ¿Quién administrará las rentas ilegales que controlan y regulan?', cuestionó Luis Trejos, investigador del conflicto.

Por su parte, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también lanzó dardos al Gobierno por el fallido programa de paz.

'Todos los grupos de la paz total están ejerciendo control del territorio y del negocio de la droga, y el Gobierno, en vez de perseguirlos, se muestra arrodillado pidiendo treguas y cese del fuego en actitud indigna', indicó.

Asimismo, Federico Gutiérrez aseguró que 'el gobierno Petro le entregó el país a las organizaciones criminales con la excusa de la paz total. Mente mafiosa'.

Se trata de unas 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, desde el San Juan, un río cuyas comunidades se ven expuestas constantemente a los enfrentamientos entre grupos y a su control, según reportó este domingo la Defensoría del Pueblo.

Además, la Defensoría alertó que también hay 'un importante número de familias' que no han podido huir de la violencia por 'el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados' y están confinados y expuestos a los riesgos del conflicto.