La Defensoría del Pueblo informó este jueves en un comunicado que en el primer cuatrimestre de este 2023 se registraron un total de 437 eventos de conflictividad social en el país, un incremento del 41% de este tipo de manifestaciones en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, cuando registró 311 eventos.
{"titulo":"Mindefensa visitó a heridos en atentado contra patrulla de la Policía en Tibú","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/mindefensa-encabezara-consejo-de-seguridad-en-norte-de-santander-tras-ataque-la-policia-en"}
El informe detalla que la totalidad de los conflictos ocurrieron en 176 municipios de 29 departamentos. Se destaca Bogotá con el 17% de los casos, Antioquia (8%), Santander (8%), Bolívar (8%) y La Guajira (6%); les siguieron Córdoba, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, cada uno con el 4%.
Al respecto, el defensor Carlos Camargo, advirtió que 'el Gobierno Nacional debe trabajar en la prevención temprana para evitar que los ánimos de las comunidades, cuando sienten que no son escuchadas y atendidas por el aparato estatal, se exacerben. Se debe evitar a toda costa que sus reclamos pasen a un grado de mayor conflictividad e incluso de violencia'.
{"titulo":"Suministro de gas en el suroccidente del país será vigilado y controlado","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/suroccidente-del-pais-volvera-tener-servicio-de-gas-en-las-proximas-horas-1003507"}
Añadió el funcionario en este sentido que 'resulta fundamental que las autoridades gubernamentales, en todos los niveles, escuchen los clamores de las comunidades para que puedan adelantar un diálogo franco que permita plantear respuestas efectivas. Allí lo más importante es que haya un seguimiento riguroso a los acuerdos para evitar que las comunidades se sientan engañadas'.
Y concluye el reporte que el inconformismo social estuvo relacionado con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales, la implementación de medidas o políticas de transporte, las demandas de inversión o presencia estatal, los conflictos ambientales, el derecho a la salud, acceso a la tierra y el territorio, medidas de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, la garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, entre otros.
Los ciudadanos expresaron su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones de las entidades del Estado o de particulares a través de bloqueos (41%), plantones o concentraciones (32%), marchas o movilizaciones (11%), ocupación o toma de instalaciones (4%), paros cívicos o cese de actividades (4%), principalmente. En el 9% de los eventos hubo disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes manifestaban, se lee.
