Gestarsalud expresó preocupación a propuestas de minsalud: 'exponen a la afectación del servicio'

Gestarsalud, el gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, advirtió en un comunicado preocupación 'por las afirmaciones y mensajes enunciados por la ministra de Salud, Carolina Corcho, en el sentido del posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023'.

Para el gremio, estas dos decisiones 'que fueron planteadas en la sesión del pasado 14 de septiembre en la Comisión Séptima, impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables, y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero'.

Agrega Gestarsalud que 'por un lado está el no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en el 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres'.

Y, por otro lado, sostiene, 'está el anuncio de la disminución de recursos para financiar la UPC en el 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 por ciento, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 por ciento. Es decir, una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de 4 a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 por ciento y hoy la inflación alcanza más del 9 por ciento'.

Por ello, pidió la entidad al Ministerio de Salud revisar las decisiones anunciadas en la presentación del proyecto de Presupuesto para la vigencia 2023 ante las Comisiones Séptimas del Congreso de la República, ya que 'no contar con los recursos suficientes para la financiación y flujo de recursos para toda la cadena servicios pone en riesgo la garantía y el acceso efectivo a los servicios e incrementa las desigualdades con su consecuente efecto negativo sobre la carga de la enfermedad y las condiciones de salud y vida de los colombianos'.