Margarita Cabello, procuradora general de la Nación sostuvo ante la JEP que las Farc EP sí se beneficiaron del narcotráfico para financiar la guerra en Colombia y como consecuencia de estos actos reclutaron a más de un centenar de niños.
En un documento enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz, el Ministerio Público añade que el grupo guerrillero cometió actos de barbarie como obligar a las mujeres que estuvieran en sus filas a abortar.
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Así lo indicó el Ministerio Público en concepto presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de esa jurisdicción, en el que consignó observaciones a las versiones voluntarias rendidas por miembros del Frente 5 de esa guerrilla, en desarrollo del macrocaso 04 que se ocupa de la situación territorial de la región de Urabá.
El órgano de control indicó que, aunque sus miembros no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, de lo declarado por los exjefes de ese frente se advierte que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse.
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'No podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados', se lee.
En el documento, la Procuraduría sostuvo que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, 'pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las Farc-ep se nutrieron para financiar sus actividades bélicas', precisó.
Desplazamiento forzado y métodos de guerra prohibidos
En el documento, señaló que mediante los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá, las Farc-EP constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región, 'especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y la Larga – Tumaradó, entre otros'.
Sobre la utilización de métodos y medios de guerra expresamente prohibidos por el DIH, solicitó profundizar en el análisis de esa conducta 'para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves'.
La Procuraduría pidió profundizar en algunos hechos puntuales perpetrados por el Frente 5 que generaron graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras.
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Frente a la financiación de las Farc EP, el Ministerio público indicó que es necesario explorar las fuentes que tuvieron para cubrir los gastos de guerra, lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas voluntarias pagadas, según los comparecientes, por ganaderos, empresarios y hoteleros.
Finalmente, requirió que en la fase de aportes tempranos de verdad 'las Farc pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento'.
