Pese a que el procurador Fernando Carrillo manifestó que enviaron en cuatro oportunidades el articulado al equipo de empalme y que hubo tres reuniones en las que se ventiló la iniciativa para responder al mandato de la Corte IDH para ajustar las sanciones de destitución e inhabilidad para funcionarios elegidos por voto popular, a raíz del caso de Gustavo Petro, la nueva procuradora Margarita Cabello no tuvo conocimiento del contenido de la misma.
Este medio conoció que esta iniciativa no fue socializada por Carrillo con su sucesora, la cual tomará posesión del cargo el próximo viernes 15 de enero, a pesar de estar designada desde el 27 de agosto de 2020 y haberse realizado el empalme durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año.
Cabello trabaja en la elaboración de una propuesta que será socializada y presentada en la legislatura que comienza a partir de marzo, por lo que efectivamente sí se generó un malestar por la apresurada presentación del proyecto por parte de Fernando Carrillo, de quien se supo ha llamado a varios congresistas para impulsar el proyecto de ley radicado, ocho días antes de su salida, en la Cámara de Representantes.
Es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Colombia regular la sanción de funcionarios de elección popular, esto tras el caso en el que el alto tribunal internacional condenó al Estado colombiano por la destitución del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Una responsabilidad
Fuentes dijeron a EL HERALDO que en el entorno de la nueva procuradora no vieron con buenos ojos la despedida del procurador Carrillo, quien tuvo cuatro meses para conversar y consensuar el tema directamente con Margarita Cabello, y quien finalmente llevará las riendas del órgano de control en los próximos cuatro años y tendrá la responsabilidad de implementar la nueva normatividad para ajustarse al mandato de la Corte IDH.
El saliente procurador le había dicho a este medio que para elaborar el proyecto que 'recogimos de muchas mesas de trabajo, foros, discusiones con expertos, con las altas cortes, la Agencia de Defensa Jurídica y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Yo tenía el compromiso y la obligación de entregar ese proyecto y la verdad es que hay una inexactitud en la información', dijo .
Agregó Carrillo en este sentido que 'la doctora Margarita, como nueva procuradora, tendrá total autonomía para hacer lo que quiera con nuestro proyecto: si ella quiere introducir unas modificaciones está en su derecho.
Precisó Carrillo a este diario que 'lo importante es que esas decisiones de la Procuraduría van a tener un control judicial automático antes de producir efectos jurídicos, porque un juez administrativo va a definir solo en las sanciones de destitución y de inhabilidad, que es el centro de la decisión de la Corte IDH'.
