Nueve organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la colombiana Dejusticia, pidieron las excarcelaciones o detenciones domiciliarias de reclusos en América Latina ante la pandemia del coronavirus.
El objetivo es evitar la propagación de la COVID-19 al interior de las hacinadas cárceles de la región.
En el reporte, replicado por Dejusticia, se pone de presente la 'necesidad urgente de liberar a la mayor cantidad de personas posible tras las rejas antes de que la COVID-19 ingrese en la infraestructura precaria de las cárceles de la región'.
La ONG también llamó la atención sobre la eventual doble victimización que se estaría ejerciendo sobre la población transgénero interna y pide que, por ello, 'de alguna manera, se aproveche la crisis penitenciaria para promover medidas de atención a la población transgénero'.
La solicitud fue elevada por Dejusticia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), Equis: Justicia para las Mujeres, Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), la Red Corpora en Libertad y la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina.
Esto en medio del silencio de la Presidencia y del Ministerio de Justicia sobre el decreto de excarcelaciones anunciado hace ya tres semanas, y que enviaría transitoriamente a la casa por cárcel a unos 10 mil reclusos mayores, con dolencias que impliquen riesgos ante el virus, a mujeres embarazadas o con hijos pequeños, que hayan cometido delitos culposos o por conductas de penalidad leve, entre otros.
Denuncia al Inpec
El abogado Miguel Ángel Del Río Malo anunció este martes una denuncia en contra del director del Inpec, general Norberto Mujica, por presuntamente torpedear las gestiones de los sindicatos de la entidad penitenciaria.
'Esta mañana el director del Inpec mediante videoconferencia instó a todos los directores regionales a denunciar a los valientes guardianes que mediante su labor sindical informan las precarias condiciones sanitarias al interior de los centros carcelarios. No lo permitiremos', señaló el penalista.
Y adelantó que denunciará a Mujica por las 'intimidaciones' contra el dirigente sindical de Villavicencio, Johan Alarcón, quien ha venido protestando por los hechos que rodearon los contagios de tres internos -dos de ellos fallecidos- en la cárcel de la capital del Meta.
'Denunciaremos ante los organismos de control las arbitrariedades e intimidaciones del director del Inpec en contra del dragoniante Alarcon y todos los guardias del Inpec que valientemente están informando la precaria situación carcelaria. No los dejaremos solos', dijo Del Río.
Farc rechaza declaraciones del fiscal
La Farc expidió un comunicado este martes en el que expresa su solidaridad con 'la población privada de la libertad y las prisioneras y prisioneros políticos en este difícil contexto de pandemia del COVID 19'.
Además, rechazó el reciente pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa, quien dijo tener evidencias de que detrás de los amotinamientos del pasado 21 de marzo, que dejaron como saldo 23 reclusos muertos, estarían el ELN y las disidencias de las Farc.
Para los desmovilizados ese señalamiento 'estigmatiza las legítimas jornadas de protesta pacífica de la población privada de la libertad, con el falaz argumento de que encarnan un orquestado plan de fugas coordinado desde el exterior por el ELN y las mal llamadas disidencias de las Farc'.
'Resulta evidente que Fiscalía, Ministerio de Justicia e Inpec pretenden tapar con cortinas de humo sus graves responsabilidades en la crisis actual. Comenzando por la masacre de 23 reclusos y las heridas a un centenar más en la Cárcel Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo, imputable de modo exclusivo al Estado colombiano. Detrás de esa matanza se ocultan los graves problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano, cuyas consecuencias padece hoy la población carcelaria por cuenta del COVID19', se lee en el boletín.
Agrega la colectividad que como en la 'seguridad democrática', el titular del ente acusador 'busca dar cuerpo a su propia cacería de brujas contra los prisioneros y prisioneras políticos, sus familiares y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos'.
Por lo que pidió 'expedir sin más dilaciones el decreto reglamentario de la Emergencia Carcelaria que permita las urgentes liberaciones de carácter humanitario, en cualquiera de sus modalidades, a fin de impedir de manera efectiva la extensión del contagio del coronavirus que es ya una realidad en la población carcelaria'.
Así mismo, solicitó 'la necesaria implementación de un estricto protocolo de salubridad, tanto para la población privada de la libertad como para el personal de custodia y administrativo', al tiempo que reclaman el 'traslado al Espacio Territorial de Paz Simón Trinidad, en el municipio de Mesetas, Meta, (a los reclusos de la antigua guerrilla) para que cumplan allí las libertades condicionadas a las que tienen derecho en atención a la Ley de Amnistía e Indulto'.
Y, finalmente, pide 'repatriar por razones humanitarias a Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad'.
