El pasado jueves se llevó a cabo la primera audiencia preliminar que se les sigue a los 59 colombianos que, desde el primero de septiembre de 2016, permanecen detenidos en Caracas por órdenes del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El HERALDO tuvo acceso a varias páginas del expediente que ponen de manifiesto siete declaraciones, como únicas pruebas, contra los detenidos (51 de ellos costeños), a los cuales se les acusa de ser integrantes de las bandas ‘Los Urabeños’, ‘El Cepillo’ y ‘Clan Usuga’ en Caracas'.
En noviembre pasado al grupo les fueron imputados los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y forjamiento de documentos públicos, tras dos años detenidos sin que sobre ellos pesara una orden de captura.
Según Sergio Aranguren, abogado de una parte del grupo, la diligencia celebrada ayer no sirvió para lograr la libertad de los detenidos, pero sí para dejar ver 'los vicios' que se construyeron alrededor del caso.
'No hay elementos criminalísticos que sean útiles para el enjuiciamiento de estas personas. Solo hay declaraciones ambiguas que no se adecúan al tiempo ni al modo ni lugar de los hechos. Estamos en presencia de un fraude procesal. Lástima que no tenemos el apoyo del Estado colombiano', expresa Aranguren.
El expediente que reposa en el tribunal especial tercero de primera instancia con competencias en casos vinculados con delios asociados al terrorismo en Venezuela, recoge cinco entrevistas fechadas entre noviembre y diciembre de 2018, realizadas a igual número de policías, quienes señalan que dos años antes, es decir en 2016, realizaron varios procedimientos 'donde capturaron a varios integrantes de las bandas ‘Los Urabeños’, ‘El Cepillo’ y ‘Clan Usuga’ en Caracas'.
Otras dos entrevistas hechas a dos civiles, pero residentes en el estado Táchira, detallan que desde 2015 venían recibiendo amenazas de grupos delictivos. Estas personas, dice el expediente, 'no quisieron revelar su identidad por temor a represalias'.
'Les fueron hallados unos pedazos de papel que contenían un mensaje: Sabemos que habrán viudas y madres dolientes, pero todo es por un mejor vivir del barrio. La Unidad y sus alrededores al igual no responderemos por nada ni por nadie. No estamos jugando', señala uno de los policías en las entrevistas.
Dichas experticias, aduce la Fiscalía venezolana, sirven de 'elemento de convicción' a los fines de fundar el escrito de acusación. El material, dice el expediente, fue incautado a integrantes del grupo paramilitar ‘Los Urabeños’.
El expediente señala que los 59 colombianos 'tenían vínculos' con 5 personas que fueron capturadas en 2015 en el estado Táchira, las cuales portaban documentos con mensajes como los 'incautados' a varios de los detenidos.
Ahora bien, la defensa manifiesta que en el expediente nunca se lee por qué desde un principio el grupo detenido no fue presentado ante la Fiscalía venezolana, sino dos años después.
'La acusación se basa en testimonios y no hay pruebas que den certeza de la versión de las entrevistas. Mis defendidos han manifestado desde hace dos años y 8 meses que llevan viviendo en Venezuela más de 10 años en diferentes puntos de la ciudad', señala el abogado.
El jurista hace énfasis que en el expediente 'nunca' se toman en cuenta los dos años que el grupo permaneció en cautiverio sin que hubiese un expediente en su contra. 'Ese tiempo para la justicia venezolana no existió y si lo tomaron como referente para llevar a cabo la investigación, solo salen con 7 entrevistas que no dicen nada', asegura.
Recordemos que en octubre de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mostró su 'profunda preocupación' por la situación de los 59 colombianos.
En diciembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que 'el régimen venezolano debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata, y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada', además de calificar la detención como 'arbitraria'.
