Carlos Mattos, el empresario y exrepresentante de Hyundai en Colombia, se enfrenta a una orden de captura que revivió ayer en la tarde el juez 27 de garantías, porque el empresario podría entorpecer y no presentarse ante la justicia por el caso que corre en su contra.
Esta decisión se suma a la que se conoció el martes en la noche cuando la Autoridad Nacional de España avaló su extradición. La defensa de Mattos decidió apelar el pedido de extradición.
La justicia ibérica determinó que ni siquiera la ciudadanía española que posee, y que le sirvió para instalarse en ese país, es motivo suficiente para no comparecer ante la justicia. Mattos es señalado de ofrecer sobornos a funcionarios judiciales para favorecerse con las demandas que presentó contra la empresa surcoreana Hyundai.
Colombia pidió a Mattos en extradición en octubre del año pasado por los cargos de soborno mencionados anteriormente. Según la Fiscalía, 'en el denominado caso Hyundai ha imputado a 11 personas, ocho de las cuales ya aceptaron ante la justicia colombiana los cargos formulados por el ente acusador'.
De hecho, Álex Vernot, quien fuera asesor jurídico del empresario, y quien fue capturado el año pasado, está en La Picota y la espera de su juicio. Por su parte, la juez Ligia del Carmen Hernández, quien recibió por lo menos 100 millones de pesos para tomar decisiones que favorecieran a Mattos, aceptó cargos y está a la espera de que le dicten condena.
Así mismo, la Fiscalía cuenta con Luis David Durán, a quien han denominado el testigo estrella del caso Hyundai y quien habría repartido el dinero entre los jueces para direccionar las demandas de Mattos. Durán firmó un acuerdo de principio de oportunidad en febrero de este año, por el que fue dejado en libertad y con el compromiso de colaborar con la justicia en este caso.
Tras la reactivación de la orden de captura, también se solicitará la emisión de una circular roja a Interpol. Finalmente, Mattos ha dejado claro en varias oportunidad que no quiere regresar a Colombia porque no siente que existan garantías judiciales en el proceso.
