Por 1.092 privaciones injustas de la libertad, la Fiscalía General de la Nación debe pagar una suma de $1,4 billones de pesos, luego de las demandas interpuestas desde 2011 por los ciudadanos víctimas de este error judicial.
EL HERALDO conoció el listado oficial de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de los pleitos que ha perdido la Fiscalía desde hace siete años –que fue cuando se creó esta entidad para la defensa judicial de la Nación-, que suman un total por pagar, a junio 30 de 2018, de $1 billón 853 mil millones.
2014, el peor año
De acuerdo con la información, en 2011, el ente de investigación penal perdió 105 procesos por los que fue condenado a pagar $89 mil millones y en 2012 fueron 129 procesos por $70 mil millones.
Y desde ahí empezó la peor parte: en 2013 fueron 246 casos perdidos por $280 mil millones, en 2014 492 por $727 mil millones, en 2015 266 por $407 mil millones, en 2016 209 por $245 mil millones, en 2017 10 por $3 mil millones y en lo que va de 2018, 20 por $29 mil millones.
Encarcelaciones erróneas
Durante este mismo lapso, la privación injusta de la libertad fue la causa por la cual la Fiscalía perdió más pleitos y más dinero: 1.092 procesos por $1,4 billones y el siguiente renglón obedece a 'procesos sin causa definida', bajo el que se agrupan 175 procesos por $190 mil millones.
La ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de libre nombramiento y remoción es la tercera causa más común, con 42 procesos por $5 mil millones.
Cuando se pierde lo incautado
Otras causas que llaman la atención son, por ejemplo, el de las condenas por la declaratoria de la ilegalidad del acto administrativo que ordena la incautación de bienes, con sentencias por $68 mil millones en 26 procesos; o la del accidente de trabajo o enfermedad profesional por culpa patronal, con condenas por $132 mil millones en 19 procesos.
Y hay causas con pocos pleitos pero con cantidades importantes desembolsadas por condenas: figuran el pago de $3 mil millones en cuatro procesos por pérdida o daños a bienes incautados u ocupados en procesos penales; el de $1.495 millones por tres casos de violación o amenaza al patrimonio público; el de $781 millones por un solo allanamiento ilegal; el de $10.595 millones por un solo caso de desplazamiento forzado y el de $2.012 millones por un solo caso también de incumplimiento del deber de protección y seguridad por parte del Estado.
Casos más costosos
Entre los 20 casos activos más costosos, el de mayor valor, por $3,8 billones, fue admitido el 13 de abril de 2016 y lo tiene el Juzgado 32 Administrativo de Bogotá, por el motivo de 'falla del servicio' por parte del ente acusador.
En la Rama Judicial aparece como demandante de este proceso de acción de reparación directa Good Luck Silva Asociados, que se dedica a actividades inmobiliarias. La última diligencia de este caso se realizó el 15 de febrero pasado, cuando se declaró la falta de competencia del juzgado y se remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El segundo proceso más costoso, por $3,4 billones, lo tiene el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá desde el 7 de octubre de 2009, y en el motivo figura: 'sin causa registrada'.
Sin embargo, como demandante figura Dora Cecilia Santos, quien pide que se declare administrativamente responsables a las demandadas, es decir la Dian y la Fiscalía, por los presuntos perjuicios causados al permitir la captación ilegal de dineros del público.
Y el tercero, por $2,7 billones, cursa en el Juzgado 4 Administrativo de Pereira, desde el 24 de marzo de 2009, también por captación ilegal de dinero.
Como demandantes aparecen Luis Alejandro Ospina Acosta 'y otros', y en este expediente la última actuación se registró el 3 de julio de 2013, cuando se decretó la terminación anticipada del expediente y se remitió al Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Popayán por acumulación o integración de procesos.
En Atlántico y Bolívar hay dos casos
De la Costa aparecen dos casos en el ranquin de los 20 procesos activos más costosos: en el puesto número 17 figura una demanda por $340 mil millones en un despacho sin secciones del Tribunal Administrativo de Atlántico, desde el 18 de junio de 2010, por privación injusta de la libertad.
Y en el renglón número 14 está una demanda por $855 mil millones en el despacho sin secciones del Tribunal Administrativo de Bolívar, desde el 31 de agosto de 2016, por motivo 'sin causa registrada'.
Los demandantes son Nicolás Puello Barragán y Andrea Barragán Blanco, y el magistrado ponente es José Fernández Osorio. La última actuación de este proceso se dio el 19 de julio pasado, cuando se daba traslado al Consejo de Estado por la apelación de los demandantes de una solicitud de nulidad interpuesta por la Fiscalía y fallada a favor por el tribunal.
Puello, quien presentó una demanda de reparación directa contra la Fiscalía, la Policía, el Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, fue condenado en 2006 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena a una pena de 30 meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de uso de documento público falso.
No obstante, los demandantes consideran que el juzgado profirió una sentencia constitutiva de vía de hecho y por ende violatoria del debido proceso, porque el juez ordenó la cancelación en el Registro de Instrumentos Públicos de la Escritura No. 68 de 1917, otorgado a favor de su bisabuela, actuación que consideran ilegal, ya que durante la investigación se demostraría la alteración de una copia del citado documento.
Y agregan que están siendo víctimas de un perjuicio irremediable, pues serían poseedores de los actuales terrenos de su familiar.
