Víctimas: aún falta por reparar el 89% en el país, dice el RUV

El pasado 10 de junio se cumplieron 8 años de la entrada en vigencia de la Ley. Han sido indemnizadas un millón de personas de las más de 8 millones registradas en el país. 

Barranquilla

El pasado 10 de junio se cumplieron 8 años de la entrada en vigencia de la Ley. Han sido indemnizadas un millón de personas de las más de 8 millones registradas en el país. 

Han pasado ocho años, desde que en Colombia entró en vigencia la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Una jurisprudencia que construyó una política para dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985.

Hasta hoy, esa misma ley  ha hecho posible la reparación integral de 986.961 personas con la medida de compensación económica. Sin embargo, parece que los procesos no avanzaran, teniendo en cuenta que en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay 8.816.304 personas.

Lo anterior evidencia que faltan 7.829.343; es decir, solo se han reparado alrededor de un 11%.

EL HERALDO dialogó con dos personas declaradas víctimas, una de ellas sigue a la espera de su reparación, después de 20 años; la otra, luego de cinco años, recibió la compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. (Ver recuadro).

Desde 2012, cuando entró en vigencia la ley, se han invertido $11 billones en todas las medidas de la reparación integral, de los cuales $6.1 billones corresponden a indemnizaciones por reparación individual. 

El panorama en el Atlántico, aunque poco alentador, revela en sus registros que hay 166.595 víctimas que residen en este territorio, de las cuales 16.887 han sido indemnizadas, lo que equivale al 10% de esta población, según las cifras entregadas por la Unidad de Víctimas en Atlántico. 

Asimismo, se informó que la inversión general de $125.781 millones corresponde a los hechos victimizantes; es decir, que una misma persona ha podido ser indemnizada por dos o más casos de violencia. 

Ante esto, el director territorial en Atlántico de la Unidad para las Víctimas, Alfredo Palencia, señaló que la tardanza en la entrega de las indemnizaciones obedece a la falta de recursos. 

“Cuando se estipuló la ley se hizo pensando en menos de 4 millones de víctimas y hoy estamos por encima de los 8 millones”. El directivo explica que el incremento en el número de personas ha ocasionado “un desfase” en el sistema de reparación. 

“Eso se suma a que la Corte Constitucional incluyó el tema de desplazamiento en las indemnizaciones, todo eso ocasiona el desfase”, dijo Palencia. 

Después de Barranquilla que registra 148.634 casos, Soledad se convierte en el municipio con más recepción de víctimas con 49.321. 

Otros municipios, como Malambo y Santo Tomás, registran 11.051 y 4.689 respectivamente. 

El desplazamiento, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidio y amenaza son los hechos victimizantes que prevalecen en las víctimas que habitan en Atlántico. 

No todas se indemnizan. “No todas las víctimas son susceptibles de indemnización”, señaló Palencia al hacer referencia a que existen hechos que las personas han declarado y que no dan méritos para recibir indemnización. 

Detalló que en la Unidad para las Víctimas trabajan en la depuración de la base de datos para saber quienes sí tienen el derecho de recibir compensación económica.

La Ley 1448 de 2011 enfatiza en que hechos como: amenaza, acto terrorista, atentado, combate y hostigamiento, si no causó ningún tipo de afectación o lesión personal, aunque la persona sea testigo del hecho, no recibirá indemnización.

Een la región

En Bolívar hay 323.145 víctimas de las cuales 278.375 han recibido algún tipo de atención; es decir, han accedido a algún tipo de ayuda humanitaria, programas de salud, educación o indemnización. 

En el Cesar hay un reporte de 328.458 víctimas residentes, de estas 94.403 son sujetos de atención. 

En el caso de Córdoba las víctimas que residen en este departamento son  293.282 y han recibido algún tipo de ayuda 265.786 personas. 

Entre tanto, en La Guajira hay un reporte de 129.240 víctimas, de las cuales 114.240 son sujetos de atención. Magdalena registra 313.285 víctimas y 275.442 de ellas han recibido atención. 

Y por último, en Sucre son 260.156 víctimas las que residen en esta zona y 230.529 reciben atención. Las cifras corresponden a la Red Nacional de Información-Unidad para las Víctimas. 

Prórroga de la ley

Una posible prórroga de la Ley de Víctimas, cuya vigencia vence en 2021 se planteó a propósito de los 8 años que cumplió esta jurisprudencia el pasado 10 de junio.

“A nivel nacional hubo un pronunciamiento para proyectar la ley a 10 años más, es decir que el Estado no tiene el interés de dejar  en el aire a aquellas personas que no se les ha pagado, la idea es que se le pague a todos los que tienen derecho a la reparación”, expresó Palencia.

De acuerdo con el directivo, el nuevo proyecto de ley le apuntaría a extender el proceso de restitución y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, con el fin  de “cumplir con el modelo de reparación integral y en especial con el tema de la indemnización”. 

Precisamente, en el Plan de Desarrollo se plantea el “Pacto por la Construcción de Paz Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, con el que se pretende crear estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la política pública de víctima, entre esas una eventual prórroga de la ley.

“Son 20 años esperando la reparación, no pierdo la esperanza”
Josefina Villareal

“Ese 27 de septiembre de 1999, a las 12:00 del mediodía, lo mataron”. Alfredo Bustillo, un hombre de 69 años, empieza así el relato de los hechos en los que su segundo hijo, Tomás José, perdió la vida. Alfredo cuenta que a pesar del miedo constante con el que vivían en Las Palmas (Bolívar), por la presencia de grupos armados, él tenía un negocio próspero, pues la agricultura y la venta de ganado le daban el sustento necesario para vivir. 

Mientras cuenta con detalles su historia, Alfredo se apoya en el marco de una de las pocas fotos que le quedan de Tomás José y que le traen a la memoria lo que ha tenido que vivir en estos últimos 20 años. Ese mediodía —recuerda— los paramilitares llegaron casa a casa con una lista de nombres, incluido el de su hijo. Eligieron a Tomás José, a dos hombres más y a una mujer, tras lo cual les dispararon ante la mirada de todos los que en ese momento estaban en el pueblo. 

Desde ese momento abandonaron todo lo que tenían en ese corregimiento de San Jacinto y llegaron a Barranquilla. Su esposa, que presenció “el fusilamiento de su hijo”, no se pudo recuperar de la pérdida de Tómas José y tampoco de tener que dejar una vida en el campo para abrirse paso en una ciudad que, en un comienzo, no le dio muchas oportunidades. En el año 2000, ante la Procuraduría de Barranquilla, rindió declaración sobre su desplazamiento y sobre los hechos de los que fue víctima. Alfredo y su esposa querían “ser visibilizados como víctimas del conflicto armado, buscaban reparación ante todo el daño que padecieron y que ellos no propiciaron”. A partir de ese momento empezaron una nueva lucha que tomó fuerzas con la declaración de Ley de Víctimas en 2011. Una disputa que hoy enfrenta solo porque su esposa murió hace cuatro años. “Llevo 20 años esperando la reparación, no pierdo la esperanza. Ella se fue sin lograrlo, no quiero que me pase lo mismo”, dice entre lágrimas, mientras sostiene en otra mano un retrato de su esposa. Varias carpetas con declaraciones juradas, documentos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría dan cuenta de los trámites que ha realizado el hombre de 69 años para ser indemnizado.

“No entiendo que pasa con nuestro caso, me llaman y me dicen que todo está bien, pero no tenemos una respuesta concreta”. Sus planes son claros, con la compensación económica quiere poner un negocio, quiere volver a trabajar desde la casa de su hija, ubicada en Soledad. Dice que no olvida lo que pasó, pero que ya perdonó al hombre que en una declaración ante un juez se atribuyó el crimen de su hijo. “Es alias el Mono”, él lo dijo. Solo busco lo que merezco, porque yo no elegí el rumbo que tomó mi vida y la de mi familia”.

Martha, una de las víctimas que recibió reparación integral
Martha, una de las víctimas que recibió reparación integral
Martha, una de las víctimas que recibió reparación integral Mery Granados

Tiene 45 años, 9 hijos y varios episodios de violencia que le marcaron la vida. En su memoria siguen intactos los atentados y otros hechos violentos de los que fue víctima. 

En 2014, en el Magdalena, decidió declarar lo que había vivido y contar los hechos por los cuales se le reconoció el pasado 20 de febrero en la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Martha Martínez, originaria del Alto de Perijá, recibió su primera indemnización por un delito que atentó contra su integridad sexual. 

“Cuando tenía 12 años fui abusada por un hombre que pertenecía a las autodefensas. He vivido varios episodios muy angustiantes”. Esos otros episodios a los que se refiere Martha ocurrieron en Codazzi César, cuando vivió la persecución de varios agrupos al margen de la ley. Le decían que era el Eln y las Auc. 

Los rumores que surgían aseguraban que era informante de uno de estos tres grupos y que esa era la razón por la que atentaron contra su vida a finales de los 90. Su esposo se desapareció en ese ataque terrorista y más nunca volvió a saber de él. 

“No supe si lo mataron, si lo secuestraron. No tuve tiempo de buscarlo. Me tocó salir huyendo”. 

La extorsión fue otro hecho delictivo por el que la víctima también abandonó su casa en el campo. 

“Eran tierras fértiles, recogíamos café, aguacate, hortalizas. Lo difícil era darles todas las ganancias a tres grupos diferentes, mensual nos pedían la vacuna”. 

Han pasado 20 años y el dolor es evidente. Dice que es difícil perdonar, pero que el tiempo, la ayuda psicológica, educativa y económica que recibió le han servido como terapia para capacitarse, para poner su propio negocio y salir adelante con los cuatro hijos que le quedan a su cargo. 

“La Unidad para las Víctimas me ha brindado apoyo con profesionales que me han ayudado a controlar mis miedos. Remodelé mi casa con el dinero de la indemnización, hice un pequeño apartamento y lo tengo arrendado. Es posible continuar, todo es cuestión de fe y esperanza”. 

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